FIN VIDEO. enlace Youtube 🚨CARTA ABIERTA A Rector Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta de la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA🚨 GRACIAS POR CIRCULAR.
CARTA ABIERTA A Rector Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta Rector de la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA institución Benemérita de la Cultura y Educación Superior de Costa Rica, por Master y estudiante doctoral Rafael A. Vilagut-Vega, carne PIAM 10105 y carne UCR B69185.
Costa Rica un país donde impera la mentira y no se sigue el debido proceso en los TRIBUNALES.
¿Qué pasó con Venezuela, Nicaragua, Cuba? fueron países donde la anti política, un grave error, pero también la pérdida de credibilidad de las instituciones fueron socavando a la democracia. Los resultados han sido catastróficos para las personas y su economía. Con la pandemia, se han tornado países invivibles, lo mismo le podría pasar a la “Suiza Centroamericana” POR AMOR A COSTA RICA:
Señor Rector y Autoridades Universitarias UCR, Fundación de la Universidad de Costa Rica, Señores Rectores de CONARE, señor Ministro de la Educación, Señor Presidente del Poder Judicial, Señora Fiscala General de la República, Señora Defensora de los Habitantes de Costa Rica, estimados estudiantes de eduación superior, ciudadanos, migrantes, y venezolanos de la UCR,
Costa Rica, tal vez por pura casualidad o por desinformación, ocupa el 18 lugar entre las democracias más perfectas, y en 2020 el lugar más alto en toda su historia, pero estos datos podrían deteriorarse en los años venideros, como ha pasado en los Estados Unidos y en muchos países europeos, donde ya ni siquiera se consideran democracias.
El viernes 12 de marzo 2021 recibí notificación a mi correo electrónico rafaelvilagut@gmail.com una jueza penal “millenial”, de unos treinta y cinco y egresada de la Universidad de Costa Rica, desestimó la causa por prevaricato contra la Universidad de Costa Rica, no de Rafael Vilagut, como quiso dar a entender en su muy breve análisis de 10.000 páginas de pruebas, sin incluir audios y videos, sino de cientos o tal vez miles de venezolanos (que pensaron que Costa Rica podía ser un buen destino) a los cuales no se les informó y menos se les aplicó correctamente un Convenio Internacional Ley 3740 ratificada por las Asambleas de ambas naciones, Venezuela y Costa Rica y vigente desde 1966.
Al oír el archivo oral de la jueza penal DISPENSANDO A LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, me quedé estupefacto de todas las imprecisiones, y de la interpretación sesgada a favor del acusado principal el Señor Jenning Hensen Pennington, de la Ley y de la normativa universitaria por la Juez en la cual la Autonomía Universitaria le permite a la Universidad de Costa Rica, hacer cualquier cosa que determinen sus autoridades. Si bien es cierto que el espíritu de la autonomía era defender la educación superior en América Latina y en todo el mundo, un abuso es igualmente nefasto. Jueces como la señalada en este artículo de opinión, deberían ser seriamente investigados, y revisados TODOS LAS DECISIONES ANTERIORES, para verificar que no se hayan tomado TAN A LA LIGERA como de la cual soy testigo y conozco en detalle todos los hechos.
El caso de prevaricato que se sigue no es por la expulsión del estudiante doctoral Rafael Vilagut, del posgrado centroamericano de historia y de la UCR, sin el debido proceso, tampoco porque no se dieron curso de la manera que solicité muchas gestiones para avanzar en el proyecto de investigación: HISTORIA EMPRESARIAL DEL PETRÓLEO EN COSTA RICA BAJO UN ENFOQUE GLOBAL COMPARADA CON LA CIUDAD ESTADO DE SINGAPUR.
Lo que trata el expediente CAUSA PENAL es por la desaplicación unilateral por un funcionario público, que además en ese momento detentaba el cargo de Rector de la Universidad de Costa Rica, con la cual en un primer momento se perjudicó a CINCO ESTUDIANTES VENEZOLANOS DE PREGRADO y DE POSTGRADO que no tenían la nacionalidad costarricense y a los cuales les habían “medio aplicado” el convenio desde 2012 hasta 2014. Ninguno pudo seguir sus estudios, y los efectos a los 7 años de tan magna injusticia, es que muchos no han podido cumplir con su propósito de vida.
Nuestra familia lamenta que el miembro más joven quien viajó de Caracas ilusionado en 2014 a Costa Rica a seguir estudios de odontología, y aprobó su primer año tuvo que abandonar la carrera en la UCR, y además tiene pendientes en su expediente crediticio el pago del primer semestre del 2015 que se negó hacer, por considerar que no correspondía ese cobro.
Desde 2015 hasta 2021 se han sumado nuevos estudiantes venezolanos, de grado, pregrado, postgrado y del Programa del Adulto Mayor, que dicta cursos regulares, a que se les respeten sus derechos, por lo que el monto estimado del daño es de DIEZ MILLONES DE DOLARES ESTADOUNIDENSES, si se consideran todos los perjudicados por no haberles informado a través de la OAICE ni de ningún otro medio su existencia.
En mi caso particular, obtuve la nacionalidad costarricense en 2015, sin embargo, soy estudiante regular de los cursos regulares académicos del PIAM desde el año 2011 que cumplí 50 años, y nunca me informaron que estaba exonerado de pagar matrícula. La Fundación de la Universidad de Costa Rica, por tanto, también ha incumplido con la Ley 3740, perjudicando a una gran cantidad de adultos y adultos mayores venezolanos, que toman, incluso que dictan cursos en la UCR.
Costa Rica un país donde impera la mentira y no se sigue el debido proceso en los TRIBUNALES.
¿Qué pasó con Venezuela, Nicaragua, Cuba? fueron países donde la anti política, un grave error, pero también la pérdida de credibilidad de las instituciones fueron socavando a la democracia. Los resultados han sido catastróficos para las personas y su economía. Con la pandemia, se han tornado países invivibles, lo mismo le podría pasar a la “Suiza Centroamericana” POR AMOR A COSTA RICA:
Señor Rector y Autoridades Universitarias UCR, Fundación de la Universidad de Costa Rica, Señores Rectores de CONARE, señor Ministro de la Educación, Señor Presidente del Poder Judicial, Señora Fiscala General de la República, Señora Defensora de los Habitantes de Costa Rica, estimados estudiantes de eduación superior, ciudadanos, migrantes, y venezolanos de la UCR,
Costa Rica, tal vez por pura casualidad o por desinformación, ocupa el 18 lugar entre las democracias más perfectas, y en 2020 el lugar más alto en toda su historia, pero estos datos podrían deteriorarse en los años venideros, como ha pasado en los Estados Unidos y en muchos países europeos, donde ya ni siquiera se consideran democracias.
El viernes 12 de marzo 2021 recibí notificación a mi correo electrónico rafaelvilagut@gmail.com una jueza penal “millenial”, de unos treinta y cinco y egresada de la Universidad de Costa Rica, desestimó la causa por prevaricato contra la Universidad de Costa Rica, no de Rafael Vilagut, como quiso dar a entender en su muy breve análisis de 10.000 páginas de pruebas, sin incluir audios y videos, sino de cientos o tal vez miles de venezolanos (que pensaron que Costa Rica podía ser un buen destino) a los cuales no se les informó y menos se les aplicó correctamente un Convenio Internacional Ley 3740 ratificada por las Asambleas de ambas naciones, Venezuela y Costa Rica y vigente desde 1966.
Al oír el archivo oral de la jueza penal DISPENSANDO A LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, me quedé estupefacto de todas las imprecisiones, y de la interpretación sesgada a favor del acusado principal el Señor Jenning Hensen Pennington, de la Ley y de la normativa universitaria por la Juez en la cual la Autonomía Universitaria le permite a la Universidad de Costa Rica, hacer cualquier cosa que determinen sus autoridades. Si bien es cierto que el espíritu de la autonomía era defender la educación superior en América Latina y en todo el mundo, un abuso es igualmente nefasto. Jueces como la señalada en este artículo de opinión, deberían ser seriamente investigados, y revisados TODOS LAS DECISIONES ANTERIORES, para verificar que no se hayan tomado TAN A LA LIGERA como de la cual soy testigo y conozco en detalle todos los hechos.
El caso de prevaricato que se sigue no es por la expulsión del estudiante doctoral Rafael Vilagut, del posgrado centroamericano de historia y de la UCR, sin el debido proceso, tampoco porque no se dieron curso de la manera que solicité muchas gestiones para avanzar en el proyecto de investigación: HISTORIA EMPRESARIAL DEL PETRÓLEO EN COSTA RICA BAJO UN ENFOQUE GLOBAL COMPARADA CON LA CIUDAD ESTADO DE SINGAPUR.
Lo que trata el expediente CAUSA PENAL es por la desaplicación unilateral por un funcionario público, que además en ese momento detentaba el cargo de Rector de la Universidad de Costa Rica, con la cual en un primer momento se perjudicó a CINCO ESTUDIANTES VENEZOLANOS DE PREGRADO y DE POSTGRADO que no tenían la nacionalidad costarricense y a los cuales les habían “medio aplicado” el convenio desde 2012 hasta 2014. Ninguno pudo seguir sus estudios, y los efectos a los 7 años de tan magna injusticia, es que muchos no han podido cumplir con su propósito de vida.
Nuestra familia lamenta que el miembro más joven quien viajó de Caracas ilusionado en 2014 a Costa Rica a seguir estudios de odontología, y aprobó su primer año tuvo que abandonar la carrera en la UCR, y además tiene pendientes en su expediente crediticio el pago del primer semestre del 2015 que se negó hacer, por considerar que no correspondía ese cobro.
Desde 2015 hasta 2021 se han sumado nuevos estudiantes venezolanos, de grado, pregrado, postgrado y del Programa del Adulto Mayor, que dicta cursos regulares, a que se les respeten sus derechos, por lo que el monto estimado del daño es de DIEZ MILLONES DE DOLARES ESTADOUNIDENSES, si se consideran todos los perjudicados por no haberles informado a través de la OAICE ni de ningún otro medio su existencia.
En mi caso particular, obtuve la nacionalidad costarricense en 2015, sin embargo, soy estudiante regular de los cursos regulares académicos del PIAM desde el año 2011 que cumplí 50 años, y nunca me informaron que estaba exonerado de pagar matrícula. La Fundación de la Universidad de Costa Rica, por tanto, también ha incumplido con la Ley 3740, perjudicando a una gran cantidad de adultos y adultos mayores venezolanos, que toman, incluso que dictan cursos en la UCR.
Entre los perjudicados, no estamos lo venezolanos sino todo el pueblo costarricense y residentes. La Defensoría de los Habitantes, no cumplió con su misión de proteger a los ciudadanos, y fue cómplice del proceso, que fue mas radical desde que el Rector Jensen desaplicó de un plumazo la Ley 3740. Al no observarse las leyes, no solo la 3740, sino la de Petición y Pronta Respuesta, tengo desde el 2019 una petición a que el director del Postgrado Centroamericano de Historia me entregue unos cursos certificados, que no le ha dado “la soberana gana” de dar curso, en claro incumplimiento de funciones, abuso de autoridad y también prevaricato.
La representante del presidente Juan Guaidó, la Señora María Faría Faria, que es nuera de Blanca Ibáñez secretaria y posteriormente viuda del expresidente Jaime Lusinchi, ha estado de adorno y no se ha querido interesar en el caso, y mucho menos antes de su llegada las autoridades anteriores que representaban a Chávez una embajadora de carrera, y posteriormente un embajador familiar de un militar.
La Asamblea Legislativa, todos los presidentes que han tenido desde 2015, y las Comisiones pertinentes a la causa, han sido informadas y también han sido indiferentes a la causa de los estudiantes venezolanos ofendidos por la UCR y también por el Gobierno administraciones del PAC de Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado Quesada.
La Fiscala General de la República Emilia Navas Aparicio y su antecesor, se han lavado las manos como Poncio Pilato, al pasar oficios sin involucrarse en que se cumplan sus directrices a los diferentes despachos y fiscalías a las que han enviado gestiones que nunca se han cumplido.
Hay 10.000 planas de pruebas contundentes por los delitos de prevaricato, incumplimiento de funciones, abuso de autoridad, no contra Rafael A. Vilagut-Vega, que desde 2015 si detenta la triple nacionalidad venezolana, española y costarricense, sino contra estudiantes que solo tienen la nacionalidad venezolana y forman parte de esa masa de emigrantes, refugiados que suman unos seis millones de almas en todo el mundo.
Los presidentes de muchos países de América Latina, además de los últimos dos de Costa Rica, han dado la espalda a migrantes venezolanos, como es el caso reciente de la devolución en un avión desde Chile, al aplicar la legislación del país, pero no observando loa grandes lazos de amistad y también revisando la historia en la cual tradicionalmente Venezuela ha recibido a todo el mundo.
La diferencia es que en Costa Rica le dieron la espalda a los venezolanos incumpliendo las leyes nacionales, los convenios bilaterales como el Convenio Cultural con Venezuela vigente desde 1966 y Tratados internacionales como el Pacto de San José, o Convención Americana sobre Derechos Humanos, realizada en San José de Costa Rica del 7 al 22 de noviembre de 1969.
En Costa Rica no solo está la Sede de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, organismo al cual he acudido no menos de diez veces desde el año 2015, sino también del Instituto Interamericano de los Derechos Humanos IIDH creado por un convenio en 1980 entre la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la República de Costa Rica.
De no reabrirse la Causa seguida contra la UCR, entonces, los venezolanos ofendidos nos estamos organizando para hacer una solicitud más contundente para la reapertura del expediente P-1143-17 ante las nuevas autoridades, Secretario General de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos CIDH con sede Los Estados Unidos de Norteamérica.
Finalmente el 4to poder, la prensa ha sido completamente indiferente, a excepción del Sistema Nacional de Radio y Televisión, SINART que me entrevistó en mi casa en 2016, Radio Universidad, la Doble Tracción que emitió un programa con la promesa de grabar la segunda parte que nunca se cumplió, un par de tímidos artículos de SEMANARIO UNIVERSIDAD, y el seguimiento hecho por Diario Extra y Extra TV; La Nación, La República Net, y otros importantes medios han sido indiferentes a los correos con las pruebas y denuncias enviados por este servidor.
Los venezolanos ofendidos por el Gobierno de Costa Rica, principalmente de la UCR, aunque no se descartan casos adicionales en las otras universidades de CONARE, estamos esperando respuesta de las Autoridades del Archivo nacional, para que custodien el FONDO DOCUMENTAL de la Universidad de Costa Rica, SUB FONDO HENNING JENSEN PENNIGNTON, las más de 10.000 planas de pruebas contundentes de todo lo expresado en los párrafos anteriores, como corresponde si se cumplieran las leyes del Sistema Nacional de Archivos, Ley 7202.
Eso sí, los jueces costarricenses están dando trámite ultrarrápido a los desahucios, embargos, de la gente corriente del pueblo como yo mismo que no hemos podido por la crisis de la Pandemia Covid-19 y muchas otras circunstancias como la narrada, hacer a tiempo el pago de las tarjetas de crédito, del pago de la compra del carro, o de la hipoteca de las casas, que en Costa Rica tienen unas tasas consideradas de usura en muchas partes del mundo.
Costa Rica en un país donde las mujeres sostienen muchos de los hogares, y en nuestra familia, nuestra madre nacida en 1934 tomó ese rol desde el fallecimiento de nuestro padre en 2016. Resulta que muchas de las personas que sostienen, hijos, nietos y hasta bisnietos, no tienen ningún tipo de pensión, viven de alquileres que han quedado vacíos o reducidos, y eso no le preocupa al Gobierno de Costa Rica.
Otras adultas mayores que también ayudan a sostener a hijos y nietos, que si reciben pensión han visto disminuidas sus entradas hasta el 50%. Esta crisis multidimensional, ha desenmascarado a gobiernos como el de Costa Rica, que para quien no conoce la realidad, es el país más feliz de América Latina, o la mejor 18 democracia del mundo. Crea fama y acuéstate a dormir, el problema es que el precio de tantas injusticias lo pagarán los niños costarricenses en menos de 10 o 15 años donde se reflejen en todos los indicadores la descomposición de la sociedad costarricense, liderada por la Universidad de Costa Rica y sus últimos tres rectores. El Rector Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta tiene la bola en su tejado, para ver que va a hacer con ella.
Para ponerse en contacto con el autor, rafaelvilagut@gmail.com San José de Costa Rica, domingo 21 de marzo de 2021.
La representante del presidente Juan Guaidó, la Señora María Faría Faria, que es nuera de Blanca Ibáñez secretaria y posteriormente viuda del expresidente Jaime Lusinchi, ha estado de adorno y no se ha querido interesar en el caso, y mucho menos antes de su llegada las autoridades anteriores que representaban a Chávez una embajadora de carrera, y posteriormente un embajador familiar de un militar.
La Asamblea Legislativa, todos los presidentes que han tenido desde 2015, y las Comisiones pertinentes a la causa, han sido informadas y también han sido indiferentes a la causa de los estudiantes venezolanos ofendidos por la UCR y también por el Gobierno administraciones del PAC de Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado Quesada.
La Fiscala General de la República Emilia Navas Aparicio y su antecesor, se han lavado las manos como Poncio Pilato, al pasar oficios sin involucrarse en que se cumplan sus directrices a los diferentes despachos y fiscalías a las que han enviado gestiones que nunca se han cumplido.
Hay 10.000 planas de pruebas contundentes por los delitos de prevaricato, incumplimiento de funciones, abuso de autoridad, no contra Rafael A. Vilagut-Vega, que desde 2015 si detenta la triple nacionalidad venezolana, española y costarricense, sino contra estudiantes que solo tienen la nacionalidad venezolana y forman parte de esa masa de emigrantes, refugiados que suman unos seis millones de almas en todo el mundo.
Los presidentes de muchos países de América Latina, además de los últimos dos de Costa Rica, han dado la espalda a migrantes venezolanos, como es el caso reciente de la devolución en un avión desde Chile, al aplicar la legislación del país, pero no observando loa grandes lazos de amistad y también revisando la historia en la cual tradicionalmente Venezuela ha recibido a todo el mundo.
La diferencia es que en Costa Rica le dieron la espalda a los venezolanos incumpliendo las leyes nacionales, los convenios bilaterales como el Convenio Cultural con Venezuela vigente desde 1966 y Tratados internacionales como el Pacto de San José, o Convención Americana sobre Derechos Humanos, realizada en San José de Costa Rica del 7 al 22 de noviembre de 1969.
En Costa Rica no solo está la Sede de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, organismo al cual he acudido no menos de diez veces desde el año 2015, sino también del Instituto Interamericano de los Derechos Humanos IIDH creado por un convenio en 1980 entre la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la República de Costa Rica.
De no reabrirse la Causa seguida contra la UCR, entonces, los venezolanos ofendidos nos estamos organizando para hacer una solicitud más contundente para la reapertura del expediente P-1143-17 ante las nuevas autoridades, Secretario General de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos CIDH con sede Los Estados Unidos de Norteamérica.
Finalmente el 4to poder, la prensa ha sido completamente indiferente, a excepción del Sistema Nacional de Radio y Televisión, SINART que me entrevistó en mi casa en 2016, Radio Universidad, la Doble Tracción que emitió un programa con la promesa de grabar la segunda parte que nunca se cumplió, un par de tímidos artículos de SEMANARIO UNIVERSIDAD, y el seguimiento hecho por Diario Extra y Extra TV; La Nación, La República Net, y otros importantes medios han sido indiferentes a los correos con las pruebas y denuncias enviados por este servidor.
Los venezolanos ofendidos por el Gobierno de Costa Rica, principalmente de la UCR, aunque no se descartan casos adicionales en las otras universidades de CONARE, estamos esperando respuesta de las Autoridades del Archivo nacional, para que custodien el FONDO DOCUMENTAL de la Universidad de Costa Rica, SUB FONDO HENNING JENSEN PENNIGNTON, las más de 10.000 planas de pruebas contundentes de todo lo expresado en los párrafos anteriores, como corresponde si se cumplieran las leyes del Sistema Nacional de Archivos, Ley 7202.
Eso sí, los jueces costarricenses están dando trámite ultrarrápido a los desahucios, embargos, de la gente corriente del pueblo como yo mismo que no hemos podido por la crisis de la Pandemia Covid-19 y muchas otras circunstancias como la narrada, hacer a tiempo el pago de las tarjetas de crédito, del pago de la compra del carro, o de la hipoteca de las casas, que en Costa Rica tienen unas tasas consideradas de usura en muchas partes del mundo.
Costa Rica en un país donde las mujeres sostienen muchos de los hogares, y en nuestra familia, nuestra madre nacida en 1934 tomó ese rol desde el fallecimiento de nuestro padre en 2016. Resulta que muchas de las personas que sostienen, hijos, nietos y hasta bisnietos, no tienen ningún tipo de pensión, viven de alquileres que han quedado vacíos o reducidos, y eso no le preocupa al Gobierno de Costa Rica.
Otras adultas mayores que también ayudan a sostener a hijos y nietos, que si reciben pensión han visto disminuidas sus entradas hasta el 50%. Esta crisis multidimensional, ha desenmascarado a gobiernos como el de Costa Rica, que para quien no conoce la realidad, es el país más feliz de América Latina, o la mejor 18 democracia del mundo. Crea fama y acuéstate a dormir, el problema es que el precio de tantas injusticias lo pagarán los niños costarricenses en menos de 10 o 15 años donde se reflejen en todos los indicadores la descomposición de la sociedad costarricense, liderada por la Universidad de Costa Rica y sus últimos tres rectores. El Rector Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta tiene la bola en su tejado, para ver que va a hacer con ella.
Para ponerse en contacto con el autor, rafaelvilagut@gmail.com San José de Costa Rica, domingo 21 de marzo de 2021.
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