Los Rectores del Consejo Nacional de Rectores (Costa Rica) seguirán haciendo fiesta con dineros públicos

La noticia local más importante de ayer 11D fue la renuncia de la Canciller y Ministro Epsy Campbell mediante audiencia en la Asamblea Legislativa de Costa Rica.  Esta medida era necesaria pero no suficiente para que los costarricenses y migrantes residentes de este hermoso país, sintamos que vivimos en un Estado de derecho.

En CRHoy el editor en jefe don Luis Valverde, con aquilatada experiencia en prensa costarricense en La República Net, Amelia Rueda, y CRHoy desde mayo de este año, se refirió hoy 12D, al caso de los Rectores de las Universidades Públicas de Costa Rica, que forman parte del Consejo Nacional de Rectores.

El episodio de hoy de Feliz y Saludable, lo dedicamos a comentar el artículo: Lucha de fuerzas impide iniciar investigación de dineros en universidades, diputados cumplen un mes y medio sin llegar a un acuerdo para conformar la nueva comisión para investigar el uso de dineros públicos por parte de las universidades estatales de Costa Rica.

Personalmente he denunciado y hay una causa penal en el Ministerio Público contra el Rector de la Universidad de Costa Rica, la más prestigiosa de la región de América Central, según el ranking de universidades, 17-002170-0175-PE.  

Este personaje, intocable, es un inmigrante hondureño, y es el único Rector de la UCR que no nació en Costa Rica.  También es el único Rector que de forma unilateral desaplicó un Convenio Internacional vigente firmado en 1965 y ratificado en 1966 por las Asambleas Legislativas de Costa Rica y de Venezuela, conocido como Ley 3740.   

Al hacer esto el Jerarca de la Institución Benemérita de la Cultura y la Educación Superior de Costa Rica, cometió de forma premeditada el delito de PREVARICATO, contando con la asesoría de abogados y abogadas de la UCR quienes a su vez fueron denunciados al Colegio de Abogados y Abogadas, CACR, su Junta Directiva y su Fiscal archivaron las denuncias de sus miembros colegiados, funcionarios asesores legales de la UCR, Expediente: 436-18 (5), Acuerdo 2018-39-056, ACTA Nº 39-18.

Una cantidad de víctimas ofendidos venezolanos y europeos estudiantes de grado, pregrado, posgrado y del Programa PIAM de la UCR, hemos denunciado al Rector Jensen por utilizar los dineros de los migrantes sudamericanos y europeos en la financiación de su mega proyecto de diez años, donde se estima se han invertido cerca de UN MIL MILLONES DE DOLARES AMERICANOS, sin rendición de cuentas.

En el caso de la UCR, el Rector Jensen ya había sido investigado a lo interno, por tráfico de influencias, al nombrar a su hija en un cargo público de manera irregular.  Al respecto escribí un artículo que fue publicado en CRHoy el 22 de junio de 2016, y en Semanario Universidad (UCR) el 5 de julio de 2016, titulado: Opinión: Mecanismos internos de justicia UCR a prueba.

"Nuestra solicitud al Consejo Universitario para abrir investigación administrativa al Dr. Henning Jensen Pennington, sobre estas irregularidades fue archivada en 2015. De la Contraloría Universitaria, OCU, desde el año pasado perdimos la fe de que nos envíen una respuesta completa y oportuna. Tenemos las pruebas, documentos firmados y sellados, para quienes las necesiten."

Los vecinos de San Pedro, también han denunciado al Rector, por la tala indiscriminada de árboles, y por construir sin todos los permisos requeridos emitidos por la Secretaría Técnica Ambiental, Nacional, SETENA.  Al final la UCR prosiguió con el proyecto afectado el medio ambiente y el bienestar de todos los habitantes del Valle Central de Costa Rica, donde casi no quedan zonas para el disfrute y la protección de la flora y fauna.

Me he quejado y he denunciado desde el 2017, que la Fiscala General de la República, Señora Emilia Navas Aparicio, está más ocupada atendiendo investigaciones "populistas" como es el caso de Soresco-Recope, donde los imputados ya han rendido declaraciones, pero ha desatendido, incluso archivado en cinco oportunidades las denuncias de los migrantes venezolanos y europeos que han denunciado que en la UCR se utiliza indebidamente dineros cobrados ilegalmente de sus matrículas, en una cuantía estimada en MIL MILLONES DE COLONES COSTARRICENSES, para financiar el mega-proyecto de infraestructuras de la UCR.

El Rector Jensen -Presidente de UDUAL.org-, así como el resto de los Rectores de CONARE, no tiene quien los investigue y se prevé que en el 2019 y años venideros seguirán haciendo fiesta con los dineros de los y las costarricenses. Los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, no están cumpliendo con sus funciones, lo que podría interpretarse como PREVARICATO, ya que el retrasar una nueva comisión para investigar el uso de dineros públicos por parte de las universidades estatales de Costa Rica, están afectando de manera directa a los empobrecidos migrantes estudiantes de la UCR y lo que es peor a todos los estudiantes de primaria, secundaria y educación superior.

Según el editor de CRHoy, “No ha avanzado porque no ha habido voluntad de minoritarios y no ha habido ambiente político, porque unos pelean campos y otros se arrogan derechos. Ha sido difícil conformarla”, confesó el liberacionsita Wagner Jiménez (PLN), promotor de la comisión para investigar el uso de dineros públicos por parte de las universidades estatales de Costa Rica.

Esta semana recibí un oficio de la Corte Penal Internacional, OTP-CR-280/18 firmado por Mark P. Dillon, Head of the Information and Evidence Unit, Office of the Prosecutor, Países Bajos, dos planas, el seis de diciembre, donde se archivaba mi denuncia internacional por no estar tipificados dentro de los graves delitos contra la humanidad.

La competencia para investigar a la UCR es del Ministerio Público a través de la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José, y de la Asamblea Legislativa, no solo a través de una comisión especial, sino de sus órganos Defensoría de los Habitantes de la República, quien archivo la denuncia de los estudiantes de la UCR (Montserrat Solano Carboni), y de la Contraloría General de la República (Marta Acosta Zúñiga), quien también archivó.

Actualmente Inspección Judicial doña Grettel Matarrita Carrillo, Inspectora Judicial Instructora, por tercera vez está investigando las razones por las cuales el expediente 17-002170-0175-PE ya cumplió un año y no muestra ninguna señal de avance en las pesquisas e investigaciones judiciales, 18-002517-0031-IJ.

Debido a que los venezolanos y europeos consideran que en Costa Rica no hay un Estado de Derecho, han acudido a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, quienes tienen toda la información de este caso y abrieron un expediente contra Costa Rica, Secretario CIDH Pablo Abrão, CIDH P-1143-17, Secretario General Luis Almagro.

Los funcionarios públicos de Costa Rica, deben estar colegiados para legalmente ser aptos para sus cargos, es por eso que recientemente los ofendidos migrantes estudiantes de la UCR acudieron al Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, CPPCR, para denunciar al Rector Jensen, miembro colegiado en dicha institución, por falta de ética y por terrorismo psicológico.

Costa Rica es el primer o segundo país en todo el mundo donde se invierte más en educación, todos nos sentimos orgullosos de que al no haber ejercito, nos podamos dar ese lujo.  El problema es que generalmente los dineros están muy mal administrados, y el en caso de las universidades públicas, basados en una perversa autonomía, no hay a nivel nacional, quien controle a los Rectores y Rectoras.

Las esperanzas de los denunciantes de la UCR, costarricenses y migrantes, están en los Colegios Profesionales de Costa Rica, sus Juntas Directivas, Comisiones de Derechos Humanos y Fiscalías; en la Comisión y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y en el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Señora Michelle Bachelet Jeria.

Tal vez un futuro episodio de este blog podría titularse en fecha próxima, Mecanismos de Justicia Internacional a Prueba: Caso de Costa Rica contra migrantes estudiantes de la UCR.