Un país donde los delincuentes están en la calle y los ciudadanos en las mazmorras

A poco de las declaraciones de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet, sobre torturas y ejecuciones del narco-clepto-régimen de Maduro, ocurre el secuestro a un alto funcionario del gobierno del presidente Juan Guaidó.

El Dr. Roberto Eugenio Marrero Borjas, también abogado de Leopoldo López,  uno de los eslabones  más eficaces del aparato del presidente interino, formado principalmente por antiguos estudiantes forjados en la lucha política desde hace una década. Aunque Marrero Borjas ejercía de jefe de despacho no es diputado y no goza de inmunidad parlamentaria, una fantasía en una Asamblea declarada en desacato.

Régimen de Maduro captura a Roberto Marrero, mano derecha de Guaidó
https://youtu.be/6J3IVnUVnmk

Inmediata liberación de Roberto Eugenio Marrero Borjas

Según El País (España), de madrugada y a golpes, con un operativo que incluyó 10 vehículos y 15 hombres encapuchados con armas largas, la policía política de Venezuela (SEBIN) detuvo a Marrero, estrecho colaborador de Guaidó —reconocido por más de 50 Gobiernos como presidente interino— y registró la casa del jefe del grupo parlamentario del partido Voluntad Popular, Sergio Vergara, otro de sus hombres de confianza.

"Antes de que se lo llevaran, Marrero logró grabar un mensaje de audio con su teléfono, que sirvió para enviar al mundo la señal de alarma: “Lamentablemente llegaron hasta mí, pero sigue la lucha. Cuiden al presidente y que sea lo que Dios quiera”, fue lo único que alcanzó a decir antes de que se lo llevaran esposado."

Juan Guaidó, describió la detención de su amigo y colaborador como un “vulgar secuestro” y un claro mensaje hacia él. “¿Cuál es el mensaje, que van a ir a por mí? (…) ¡Dale, Estamos más fuertes que nunca. Los que demuestran debilidad son los que allanan de madrugada y cometen un secuestro vil. ¿Qué buscan? ¿Intimidarnos? Aquí estamos, a plena luz del día", dijo.

Los Rectores del Consejo Nacional de Rectores (Costa Rica) seguirán haciendo fiesta con dineros públicos

La noticia local más importante de ayer 11D fue la renuncia de la Canciller y Ministro Epsy Campbell mediante audiencia en la Asamblea Legislativa de Costa Rica.  Esta medida era necesaria pero no suficiente para que los costarricenses y migrantes residentes de este hermoso país, sintamos que vivimos en un Estado de derecho.

En CRHoy el editor en jefe don Luis Valverde, con aquilatada experiencia en prensa costarricense en La República Net, Amelia Rueda, y CRHoy desde mayo de este año, se refirió hoy 12D, al caso de los Rectores de las Universidades Públicas de Costa Rica, que forman parte del Consejo Nacional de Rectores.

El episodio de hoy de Feliz y Saludable, lo dedicamos a comentar el artículo: Lucha de fuerzas impide iniciar investigación de dineros en universidades, diputados cumplen un mes y medio sin llegar a un acuerdo para conformar la nueva comisión para investigar el uso de dineros públicos por parte de las universidades estatales de Costa Rica.

Personalmente he denunciado y hay una causa penal en el Ministerio Público contra el Rector de la Universidad de Costa Rica, la más prestigiosa de la región de América Central, según el ranking de universidades, 17-002170-0175-PE.  

Este personaje, intocable, es un inmigrante hondureño, y es el único Rector de la UCR que no nació en Costa Rica.  También es el único Rector que de forma unilateral desaplicó un Convenio Internacional vigente firmado en 1965 y ratificado en 1966 por las Asambleas Legislativas de Costa Rica y de Venezuela, conocido como Ley 3740.   

Al hacer esto el Jerarca de la Institución Benemérita de la Cultura y la Educación Superior de Costa Rica, cometió de forma premeditada el delito de PREVARICATO, contando con la asesoría de abogados y abogadas de la UCR quienes a su vez fueron denunciados al Colegio de Abogados y Abogadas, CACR, su Junta Directiva y su Fiscal archivaron las denuncias de sus miembros colegiados, funcionarios asesores legales de la UCR, Expediente: 436-18 (5), Acuerdo 2018-39-056, ACTA Nº 39-18.

Una cantidad de víctimas ofendidos venezolanos y europeos estudiantes de grado, pregrado, posgrado y del Programa PIAM de la UCR, hemos denunciado al Rector Jensen por utilizar los dineros de los migrantes sudamericanos y europeos en la financiación de su mega proyecto de diez años, donde se estima se han invertido cerca de UN MIL MILLONES DE DOLARES AMERICANOS, sin rendición de cuentas.

En el caso de la UCR, el Rector Jensen ya había sido investigado a lo interno, por tráfico de influencias, al nombrar a su hija en un cargo público de manera irregular.  Al respecto escribí un artículo que fue publicado en CRHoy el 22 de junio de 2016, y en Semanario Universidad (UCR) el 5 de julio de 2016, titulado: Opinión: Mecanismos internos de justicia UCR a prueba.

"Nuestra solicitud al Consejo Universitario para abrir investigación administrativa al Dr. Henning Jensen Pennington, sobre estas irregularidades fue archivada en 2015. De la Contraloría Universitaria, OCU, desde el año pasado perdimos la fe de que nos envíen una respuesta completa y oportuna. Tenemos las pruebas, documentos firmados y sellados, para quienes las necesiten."

Los vecinos de San Pedro, también han denunciado al Rector, por la tala indiscriminada de árboles, y por construir sin todos los permisos requeridos emitidos por la Secretaría Técnica Ambiental, Nacional, SETENA.  Al final la UCR prosiguió con el proyecto afectado el medio ambiente y el bienestar de todos los habitantes del Valle Central de Costa Rica, donde casi no quedan zonas para el disfrute y la protección de la flora y fauna.

Me he quejado y he denunciado desde el 2017, que la Fiscala General de la República, Señora Emilia Navas Aparicio, está más ocupada atendiendo investigaciones "populistas" como es el caso de Soresco-Recope, donde los imputados ya han rendido declaraciones, pero ha desatendido, incluso archivado en cinco oportunidades las denuncias de los migrantes venezolanos y europeos que han denunciado que en la UCR se utiliza indebidamente dineros cobrados ilegalmente de sus matrículas, en una cuantía estimada en MIL MILLONES DE COLONES COSTARRICENSES, para financiar el mega-proyecto de infraestructuras de la UCR.

El Rector Jensen -Presidente de UDUAL.org-, así como el resto de los Rectores de CONARE, no tiene quien los investigue y se prevé que en el 2019 y años venideros seguirán haciendo fiesta con los dineros de los y las costarricenses. Los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, no están cumpliendo con sus funciones, lo que podría interpretarse como PREVARICATO, ya que el retrasar una nueva comisión para investigar el uso de dineros públicos por parte de las universidades estatales de Costa Rica, están afectando de manera directa a los empobrecidos migrantes estudiantes de la UCR y lo que es peor a todos los estudiantes de primaria, secundaria y educación superior.

Según el editor de CRHoy, “No ha avanzado porque no ha habido voluntad de minoritarios y no ha habido ambiente político, porque unos pelean campos y otros se arrogan derechos. Ha sido difícil conformarla”, confesó el liberacionsita Wagner Jiménez (PLN), promotor de la comisión para investigar el uso de dineros públicos por parte de las universidades estatales de Costa Rica.

Esta semana recibí un oficio de la Corte Penal Internacional, OTP-CR-280/18 firmado por Mark P. Dillon, Head of the Information and Evidence Unit, Office of the Prosecutor, Países Bajos, dos planas, el seis de diciembre, donde se archivaba mi denuncia internacional por no estar tipificados dentro de los graves delitos contra la humanidad.

La competencia para investigar a la UCR es del Ministerio Público a través de la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José, y de la Asamblea Legislativa, no solo a través de una comisión especial, sino de sus órganos Defensoría de los Habitantes de la República, quien archivo la denuncia de los estudiantes de la UCR (Montserrat Solano Carboni), y de la Contraloría General de la República (Marta Acosta Zúñiga), quien también archivó.

Actualmente Inspección Judicial doña Grettel Matarrita Carrillo, Inspectora Judicial Instructora, por tercera vez está investigando las razones por las cuales el expediente 17-002170-0175-PE ya cumplió un año y no muestra ninguna señal de avance en las pesquisas e investigaciones judiciales, 18-002517-0031-IJ.

Debido a que los venezolanos y europeos consideran que en Costa Rica no hay un Estado de Derecho, han acudido a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, quienes tienen toda la información de este caso y abrieron un expediente contra Costa Rica, Secretario CIDH Pablo Abrão, CIDH P-1143-17, Secretario General Luis Almagro.

Los funcionarios públicos de Costa Rica, deben estar colegiados para legalmente ser aptos para sus cargos, es por eso que recientemente los ofendidos migrantes estudiantes de la UCR acudieron al Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, CPPCR, para denunciar al Rector Jensen, miembro colegiado en dicha institución, por falta de ética y por terrorismo psicológico.

Costa Rica es el primer o segundo país en todo el mundo donde se invierte más en educación, todos nos sentimos orgullosos de que al no haber ejercito, nos podamos dar ese lujo.  El problema es que generalmente los dineros están muy mal administrados, y el en caso de las universidades públicas, basados en una perversa autonomía, no hay a nivel nacional, quien controle a los Rectores y Rectoras.

Las esperanzas de los denunciantes de la UCR, costarricenses y migrantes, están en los Colegios Profesionales de Costa Rica, sus Juntas Directivas, Comisiones de Derechos Humanos y Fiscalías; en la Comisión y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y en el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Señora Michelle Bachelet Jeria.

Tal vez un futuro episodio de este blog podría titularse en fecha próxima, Mecanismos de Justicia Internacional a Prueba: Caso de Costa Rica contra migrantes estudiantes de la UCR.

Comisión y Corte IDH en su 40 aniversario: ¿Cuáles derechos humanos?

Comisión y Corte IDH en su 40 aniversario: ¿Cuáles derechos humanos? por MBA Rafael A. Vilagut Vega, rafael.vilagut@ucr.ac.cr Domingo 2 de setiembre de 2018, San José de Costa Rica.

La Corte Interamericana es uno de los tres Tribunales regionales de protección de los Derechos Humanos, conjuntamente con la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

La paradoja es que este organismo no cubre ni siquiera 1,5 km en la misma ciudad de San Pedro Montes de Oca, como se explica en este episodio de Feliz y Saludable.

Presidente de España dice que mantiene cooperación con Nicaragua y visita Corte IDH en Costa Rica

https://youtu.be/94ENMjhzags

Las autoridades de la Corte IDH son el mexicano Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Presidente y Señor Pablo Saavedra Alessandri, Secretario.

El Tribunal se compone de 7 jueces nacionales de Estados miembros de la OEA elegidos, a título personal y a propuesta de los Estados Parte en la Convención Americana, por la Asamblea General de la OEA. Los jueces de la Corte no representan los intereses de los Estados que los proponen como candidatos.

Veintiún Estados Partes han reconocido la competencia contenciosa de la Corte: Costa Rica, Perú, Venezuela, Honduras, Ecuador, Argentina, Uruguay, Colombia, Guatemala, Surinam, Panamá, Chile, Nicaragua, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Haití, Brasil, México, República Dominicana y Barbados.

La Corte IDH tiene esencialmente dos funciones, una función contenciosa y otra función consultiva, a las que se une la facultad de adoptar medidas provisionales.  En su 40 aniversario la Corte IDH ha tenido visitantes ilustres.

16 de julio, don Carlos Andrés Alvarado Quesada, Presidente de Costa Rica y don António Manuel de Oliveira Gutierres, Secretario General de las Naciones Unidas visitaron la institución

17 de julio, Corte Africana de los Derecho Humanos y de los Pueblos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

18 y 19 de julio, Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y tres cortes regionales de los derechos humanos.

31 de agosto, don Pedro Sánchez Pérez-Castellón, Presidente del Gobierno de España.

La Corte IDH puede adoptar -pero no lo está haciendo- las medidas provisionales que considere pertinentes en casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, tanto en casos que estén en conocimiento de la Corte, como en asuntos que aún no se han sometido a su conocimiento, a solicitud de la Comisión Interamericana.

Caso de los estudiantes extranjeros de la Universidad de Costa Rica ofendidos por el Gobierno Costarricense.

El Sistema Interamericano en entredicho.  El 13 de julio de 2017 se abrió un expediente (ver figura) petición P-1143-17 A-R "Venezolanos UCR en OEA contra Rectoría SEP OAICE PPH OJ OCU SEMANARIO UNIVERSIDAD", sobre el incumplimiento unilateral que hizo el Rector Dr. Henning C. Jensen Pennington, a un convenio internacional vigente firmado entre Costa Rica y Venezuela en 1966 y ratificado por ambas Asambleas Legislativas, Ley 3740.

Lejos de resolverse el conflicto en el marco del 40 aniversario de la Corte IDH, continua en estudio por parte de la Comisión y ha ido escalando, en 2018 no solo hay estudiantes venezolanos afectados, sino también estudiantes de nacionalidad española y hasta un costarricense.  El coordinador de los estudiantes afectados ha enviado mas de 100 correos a la Comisión y a la Corte IDH, y la única respuesta la obtuvo cuando recibió el oficio del Secretario Ejecutivo Señor Paulo Abrão.  El Comisionado desde mayo de 2017, el colombiano Señor Luis Ernesto Vargas Silva no ha dicho esta boca es mía.

En 2014 un estudiante del posgrado de Arquitectura, que ostenta las nacionalidades venezolana y española, tuvo que dejar sus estudios porque no podía pagar una matrícula que por derecho estaba exonerada.  Ahora la UCR le adeuda unos US$ 5.000,00.

En el 2015 otro estudiante de odontología también venezolano y español a quien la UCR le reconoció la exoneración de matrícula, inconstitucionalmente le retiraron ese derecho desde la oficina de Cooperación Internacional de la UCR, OAICE, este estudiante se tuvo que retirar, y en 2017, 2018 la UCR contrató a un Bufete Ruiz Campos para mortificarlo para cobrarle una deuda ilegal.

Se ha denunciado que sin el debido proceso la UCR ha sancionado en 2017 a un estudiante doctoral del Programa Centroamericano de Posgrado en Historia, que ostenta tres nacionalidades: venezolano, de nacimiento y al ser hijo de español y de costarricense adquirió las nacionalidades de sus padres.

En el 2018 la UCR no ha permitido a este estudiante volver a sus estudios, de una manera completamente inconstitucional y violando el ARTICULO 25 de la CIDH que data desde 1969.  Por eso ahora los afectados por una cruel xenofobia, están pidiendo intervención del Gobierno de España y de otras instituciones como la Corte Penal Internacional y la Señora Michelle Bachelet Jeria nueva Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Según la oficina de Registro e Información de la UCR en el 2018 hay matriculados 91 estudiantes que detentan la nacionalidad venezolana y ninguno ha sido exonerado en el pago de matrícula, con lo cual no solo la UCR sino el gobierno de Costa Rica, sede de la Corte, es el primero que atenta contra los derechos humanos.

La Corte IDH está a escasos metros de la Oficina del Rector de la UCR

Los estudiantes de pregrado y posgrado de nacionalidad española y venezolana ofendidos por el Rector de la Universidad mas importante de América Central y el estudiante costarricense se preguntan en el contexto de los 40 años de la Comisión y la Corte IDH, a 1,3 km (ver mapa) de la Rectoría de la UCR donde se comenten impunemente actos de corrupción internacional, ¿Cuáles derechos humanos? ¿Quién financia esos organismos?

En resumen en Costa Rica, la UCR y el nuevo Gobierno de Carlos Andrés Alvarado Quesada, están incumpliendo el artículo 25, y todos los articulados referentes a tratados internacionales, al debido proceso y al derecho a la educación.

La cuantía de los daños irreparables a la comunidad de estudiantes afectados por Costa Rica, ha sido estimada en Mil millones de colones costarricense, más el sufrimiento, abandono de los estudios, el retorno a sus países de origen, etc.  Por eso desde este blog Feliz y Saludable opinamos que La Honestidad es un valor en decadencia.

rafael.vilagut@ucr.ac.cr

https://ucr.academia.edu/RafaelVilagut

SAN JOSE DE COSTA RICA

La Corte Interamericana de Derechos Humanos está integrada por los siguientes jueces:
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Presidente; Eduardo Renato Vio Grossi, Vicepresidente; Roberto de Figuereido Caldas; Juez; Humberto Antonio Sierra Porto, Juez; Eugenio Raúl Zaffaroni, Juez, y L. Patricio Pazmiño Freire, Juez;