Carta Abierta a la próxima Defensora o Defensor de los Habitantes de Costa Rica: El tiempo pone todo en su lugar.

Carta Abierta a la próxima Defensora o Defensor de los Habitantes de Costa Rica: El tiempo pone todo en su lugar. Por MBA Rafael A. Vilagut-Vega, rafaelvilagut@gmail.com Referencia Expediente Judicial en trámite 17-002170-0175-PE. 

Señor presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, Eduardo Newton Cruikshank Smith, y RECLAMOS: eduardo.cruickshank@asamblea.go.cr y jcchavarria@asamblea.go.cr funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, Fiscales, Jueces y colaboradores del Poder Judicial presidencia@poder-judicial.go.cr Fiscalía del Colegio de Profesionales de Psicología de Costa Rica, CPPCR, M Psc. María Elena Murillo Echeverría, fiscalia@psicologiacr.com y Miembros del Consejo Superior Universitario mhoward@cu.ucr.ac.cr y Secretaria de los DDHH de la UCR, derechoshumanos.feucr@ucr.ac.cr Próximo Rector o Rectora de la Universidad de Costa Rica, despacho.rectoria@ucr.ac.cr y vicerrectorías, Director o Directora del CIHAC cihac@ucr.ac.cr Coordinadora o Coordinador del Programa PIAM- Vicerrectoría de Acción Social piam.vas@gmail.com Contraloría General de la República, contraloria.general@cgr.go.cr

Ilustres personalidades del quehacer público, político y educativo de Costa Rica,

Por si no leen la prensa o dan trámite a las denuncias que diariamente les envían miles de ciudadanos ofendidos por funcionario públicos en especial de la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, cumplimos muy amablemente con informarles que los directores de la DHR piden La Nación P10. Del 27 de junio de 2020, Caso UPAD, Doce jefaturas piden la renuncia de la Defensora, Dra. Catalina Crespo (Colega del Señor Henning Jensen Pennington, ambos inscritos en el Colegio de Profesionales de Psicología de Costa Rica) quien la reemplace deberá cumplir sus funciones, reabrir todos los casos denunciados por venezolanos estudiantes de grado, pregrado postgrado y PIAM contra la UCR desde 2015, hasta 2020. Los directores y directoras de la DHR, con muchos de los cuales me he reunido desde el 2015, alegan que por “credibilidad y solidez” de la entidad es necesaria su salida. 

En 2015 el exrector Jensen cometió por lo menos dos delitos tipificados en el código penal: incumplimiento de funciones y prevaricato, es muy claro: con un plumazo desaplicó un Convenio Internacional vigente desde 1966 Ley 3740 y que está por encima de la Constitución Política de Costa Rica, solo los diputados de la Asamblea Legislativa podían aplicar una medida así, en medio de una crisis humanitaria para los venezolanos que desde entonces no ha dejado de agravarse, según el Nacional del 26 de junio, 6 de cada diez familias venezolanas no tienen ni para comprar comida. 

El cortoplacismo y la mala memoria impide a la prensa a los verdaderos periodistas informar verazmente. El expediente en trámite 17-002170-0175-PE, ahora en un juzgado penal después de haber pasado por la Procuraduría General de la República, por la Fiscalía General de la República, por la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de Guadalupe, por la Fiscalía Adjunta Anticorrupción, Transparencia y Probidad, sigue en el limbo desde marzo del 2020, en un Juzgado Penal en Guadalupe, sin que a nadie le preocupe, que en Costa Rica hace años se perdió el Estado de Derecho. 

La Defensoría de los Habitantes de la República es un organismo que depende de la Asamblea Legislativa. Sus últimas tres jerarcas han dejado mucho que desear de la forma como los diputados y diputadas de este país escogen a los funcionarios públicos. 

Según Wikipedia, al alcance de todos: “La Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica (DHR) es el órgano contralor, adscrita a la Asamblea Legislativa, encargado de proteger los derechos y los intereses de los costarricenses. Le corresponde velar porque el funcionamiento del sector público se ajuste a la moral, la justicia, la Constitución Política, las leyes, los convenios, los tratados, los pactos suscritos por el Gobierno y los principios generales del Derecho. Además, debe promocionar y divulgar los derechos de los habitantes.” 

Además indica en claro español, “desempeña sus actividades con independencia funcional, administrativa y de criterio. La Asamblea Legislativa evaluará, anualmente, el funcionamiento de la Institución mediante el informe que se conocerá y discutirá por parte de los Diputados.​ Es el equivalente al Defensor del Pueblo en otros países.” Esto es pura teoría, la practica en las últimas tres administraciones ha sido poco menos que funestas para los habitantes y muy buenas para las tres jerarcas, como ayuda a la memoria, les recordamos a los lectores de Feliz y Saludable. 

Ofelia Taitelbaum Yoselewich (2009-2014), Masha Taitelbaum Yoselewich (pronunciado /Yosélevich/ en fonética española; San José, 4 de enero de 1949), mejor conocida como Ofelia Taitelbaum, es una empresaria y política costarricense. Fue Defensora de los Habitantes de Costa Rica entre 2009 y 2014, y diputada en el período entre los años 2006 y 2010 por el Partido Liberación Nacional. Según la misma fuente citada, Fue electa defensora de los Habitantes en el 2009. Su nombramiento fue polémico dada su cercanía al gobierno de Óscar Arias y luego de Laura Chinchilla (al pertenecer al mismo partido).​ Fue reelecta en 2014.​ La ex defensora de los habitantes se ha visto envuelta en polémica desde que el Ministerio Público inició una investigación en su contra, debido a que una costurera de apellido Otárola, puso una denuncia en su contra, donde al intentar asegurarse en la CCSS figuraba como consultora en una empresa ligada a la ex defensora, donde habría recibido ¢32 millones de esa entidad, en un periodo de 5 años, dinero que asegura nunca recibió y por lo tanto no había declarado ante la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda. Ofelia Taitelbaum fue acusada por 32 delitos de falsificación de documentos y coacción por lo que este jueves 29 de agosto de 2019 se leyó la sentencia y fue condenada a 96 años readecuados a 9. Además, no contará con ningún beneficio de ejecución de la pena y deberá descontarlos en un centro penitenciario. 

Montserrat Solano Carboni (2014-2018). Montserrat Solano Carboni es ex Defensora de los Habitantes de Costa Rica. Solano es graduada de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica, realizó estudios de Derecho en la Universidad Escuela Libre de Derecho y cuenta con una Maestría en Leyes en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Essex. Ha llevado cursos de Derechos Humanos en la Universidad de Oxford, y cursos avanzados de Derecho Internacional Humanitario en la Universidad de Harvard. Ha trabajado en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Fue periodista del Periódico La Nación, el Semanario Universidad y otros medios del Grupo Nación como la Revista Rumbo. Renunció a su cargo y el día entes hizo unas declaraciones que dan miedo. Ningún funcionario de carrera ni Jerarca de la DHR la soportaba. Más que sumar restó, y claramente incumplió funciones y fue cómplice de prevaricato cometido por el Señor Jensen 

Catalina Crespo Sancho (2018-). Catalina Crespo Sancho (San José, Costa Rica, 3 de marzo de 1974) es la actual Defensora de los Habitantes de Costa Rica, electa para el cargo el 13 de diciembre de 2018 por la Asamblea Legislativa. Crespo es hija de Rodrigo Crespo Apestegui e Irene Sancho Artecona. Cursó el bachillerato en psicología en la Universidad Autónoma de Monterrey, una universidad privada costarricense. Ostenta una maestría en educación internacional de la Framingham State University de Massachusetts, Estados Unidos y un doctorado en sociología educativa de la Universidad Estatal de Nueva York. Crespo ha ejercido como asesora de Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, así como ha asesorado a los gobiernos de Madagascar, India, Nepal y Sri Lanka siendo experta en temas como cambio climático e infraestructura, personas jóvenes, género y poblaciones vulnerables. Es la persona que más daño nos ha hecho a los indefensos venezolanos de la UCR, cada vez que he enviado mis denuncias o me he apersonado a la DHR, las ha archivado. Es cómplice en los delitos de incumplimiento de funciones y prevaricato contra empobrecidas familias de venezolanos en Costa Rica que han cursado o cursan estudios en esa institución.

Este 2020 el Rector transitorio de la UCR, como hemos denunciado en este espacio, “Lucem Aspicio: el Dr. Carlos Araya hereda graves denuncias por PREVARICATO de estudiantes ofendidos por funcionarios de la UCR desde 2015 hasta 2020”, incumple funciones y hasta ahora no ha contestado nuevas peticiones de los venezolanos ofendidos incumpliendo la Constitución Política, la Ley de Petición y Pronta Respuesta y el oficio CU-787-2020 que le dirigió el 12 de junio próximo pasado la encargada del Consejo Universitario, Prof. Cat Madeline Howard Mora quienes han demostrado por omisión, que al igual que la DHR, apoyan los delitos de incumplimiento de funciones y prevaricato, de los venezolanos contra la UCR. 

Durante el curso del trámite del expediente que ha pasado inadvertido por toda la prensa, excepto Diario Extra, y el Sinart, los presidentes de la Asamblea Legislativa fueron: Antonio Álvarez Desanti (2016-2017), Gonzalo Aberto Ramírez Zamora (2017-2018), Carolina Hidalgo Herrera (2018-2019), Carlos Ricardo Benavides Jiménez (2019-2020) con todos ellos me he reunido o he enviado peticiones, y han sido indiferentes a las denuncias de todos los venezolanos ofendidos. Ni siquiera contestan. También me reuní con la reelecta Contralora General de la República y pedí audiencia con la Procuraduría General de la República con quienes tuve audiencia privada un par de veces. 

La Fiscala General de la República, Emilia Navas Aparicio, en mi parecer es la responsable principal en que en Costa Rica no se cumplan las leyes y el país vaya cada vez más hacia el desfiladero, ahora de forma acelerada por la crisis sanitaria, crisis de empleo, crisis financiera, crisis de deuda externa, y sobre todo crisis de valores. Se lo hemos pedido infinitas veces incluso en este espacio el 2 de febrero de 2019, “Emilia Navas no sea cómplice e investigue denuncias de los venezolanos en la UCR.” 

A la Fiscalía General de la República no le pedimos como a la DHR que reabra todos los casos de los estudiantes venezolanos ofendidos por una cuantía que se acerca ahora a los 20 millones de dólares, sino que le dé tramite DE UNA VEZ POR TODAS a las denuncias y como lo indican las leyes y el sentido común que es el menos común de los sentidos, llame a declarar a los tribunales a la red de corrupción de funcionarios públicos de la UCR, Consejo Superior Universitario y sus órganos, Rectorías y Vicerrectorías y sus órganos que es el cáncer que está terminando de matar a la institución benemérita de la Educación Superior y de la Cultura en Costa Rica.

Cédula responsable 9-0131-0762.  ¿Quién es Rafael A. Vilagut? Es un costarricense nacido en Venezuela, nieto de docentes y educadores y de familias de abolengo de Centroamérica, por su abuelo Profesor Don Jesús Vega Orozco, Director de la Escuela de Guadalupe, Pilar Jiménez Solis, es descendiente directo de la Familia Briceño Viales, Francisco Javier Viales Abarca casado con Margarita Moraga familia guanacasteca que firmó la Anexión del Partido Nicoya, el 25 de julio de 1824; por abuela la Niña Angélica Rodríguez Arias, está relacionado o es descendiente directo de: primer presidente de la República y muchos otros expresidentes, incluyendo Oscar Arias Premio Nobel de la Paz y doña Laura Chinchilla, también de Esteban Torres de Grajal y Perez Farfan de los Godos, II Señor de la Encomienda de Có, (Cóo, Coc, Cot) casado Catalina Monterroso y Mora Salado, fundadores de San José, Pedro Arias de Salamanca casado con Mariana de Chinchilla, por nombrar algunos conquistadores y pacificadores de Costa Rica.  De manera que la afectada es una familia costarricense-española y venezolana de gran tradición y honestidad comprobada.