DAVID CONTRA GOLIAT: el pueblo contra la corrupción galopante en la Universidad de Costa Rica UCR y el Establishment.
Bajo investigación judicial el presidente del tribunal garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas en Costa Rica. Blog Feliz y Saludable miércoles 16 de febrero de 2022. Por Magister Rafael Vilagut Vega, estudiante doctoral UCR, asesor y consultor financiero y de blockchain/bitcóin de países y corporaciones centroamericanas, bitcoiner.
En Costa Rica donde todavía existe la democracia plena en 2021, el magistrado Dr. Fernando Castillo Víquez jerarca de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia será investigado por la Corte Plena, en base a la resolución que recibieron este martes 15 de febrero un grupo de ofendidos venezolanos estudiantes pregrado, posgrado y doctorado de la Universidad de Costa Rica UCR, que en 2017 acusaron de prevaricato al Rector Dr. Henning Jensen Pennington.
Con respecto a este caso de mega-corrupción por parte de tres Rectores y numerosos jerarcas de la UCR documentado ampliamente en el expediente causa penal 17-002170-0175-PE, en consulta realizada el martes 15 en el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de Goicoechea, continúa en trámite a la fecha y hora de esta publicación, en revisión los últimos escritos y pruebas aportadas por los ofendidos, que también son declarantes y víctimas.
El expediente penal en trámite en 2022 que sobrevivió a las numerosas causas interpuestas contra el Dr. Jensen, comprende 9,672 páginas escaneadas a todo color, sin contar los audios, videos, entrevistas y publicaciones en la prensa; son pruebas contundentes que han presentado los ofendidos y testigos estudiantes venezolanos por las autoridades de la UCR desde finales del 2015 que la institución sin tener capacidad desaplicó unilateralmente la Ley 3740 hasta la fecha configurando delitos de prevaricato, abuso de autoridad, concusión y usurpación (A la Asamblea Legislativa), de esta forma aportan la experiencia del bravo pueblo venezolano contra la corrupción y el establishment al terreno costarricense.
Otro expediente, esta vez del Tribunal de Inspección Judicial, número 22-00490-0031-DI voto 432-2022 del once de febrero a las 11:30, es el que originó la resolución mediante la cual la investidura de Magistrado y presidente de la Sala Constitucional Dr. Fernando Castillo Víquez nos instruye de que la Corte en Pleno y no el Tribunal de Inspección Judicial debe resolver.
En situación similar se encuentran otros magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, que están siendo investigados judicialmente por presunto prevaricato y otras faltas muy graves en la sentencia a favor de la UCR y en contra de los estudiantes, por un Recurso de Amparo rechazado según Sentencia N° 2021-025998 de las 9:20 horas del 19 de noviembre de 2021 (21-020199-0007-CO), que fue presentado por un estudiante doctoral de la Escuela de Historia PPHIST-CIHAC-SEP-UCR que fue expulsado sin el debido proceso en 2017 en retaliación por luchas contra la corrupción galopante dentro del sistema de CONARE, específicamente en la UCR y por la publicación de innumerables artículos en SEMANARIO UNIVERSIDAD.
Según Testimonio de Piezas, solicitado el 10 de febrero por la servidora instructora de Tribunales de Inspección Judicial tramitante, los nombres de los otros magistrados y magistradas que podrían ser objeto de nuevas resoluciones implicados en hechos de corrupción administrativa denunciados por prevaricato/otros en adición al presidente de la Sala Constitucional podrían ser: Paul E. Rueda Leal, Luis Fdo. Salazar Alvarado, Jorge A. Araya García, Anamari Garro Vargas, Alicia M. Salas Torres y María Lucila Monge Pizarro.
En otro orden de ideas, los venezolanos recibieron un oficio de la Fiscalía del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, FCA 140222 de fecha 14 de febrero, donde se pronunciaban que los fiscales de esa institución no tenían la competencia para iniciar investigaciones administrativas por denuncia contra 28 jueces, magistrados, y otros servidores públicos. Amparados en el artículo 1 del Código de Deberes, Jurídicos y Éticos del Profesional del Derecho en Costa Rica se lavaron las manos como Poncio Pilatos.
Entre las dependencias que están siendo investigadas están la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, FAPTA, y varias dependencias del I como la Sala Constitucional y del II Circuito Judicial de San José como la Fiscalía, Juzgado y Tribunal Penal. Una comisión de venezolanos ofendidos estará visitando estos días a prestigiosos medios noticieros nacionales e internacionales para darles a conocer su frustración, su enojo, su impotencia, de que el derecho constitucional del artículo 41, el derecho de petición artículo 27, artículo 28 que implica que nadie puede ser inquietado ni perseguido como han hecho con el Sr. Vilagut, al igual que el derecho a la educación, y los derechos específicos que le otorga la Ley 3740 conocida como Convenio Cultural entre las Repúblicas de Costa Rica y de Venezuela, están siendo violados, por las autoridades de la UCR desde 2015 hasta 2022 y algunos jerarcas del Poder Judicial, Ministerio Publico, Fiscalía General de la República y la Defensoría de los Habitantes, DHR, institución que depende de la Asamblea Legislativa donde cada denuncia recibida de un venezolano estudiante de la UCR es automáticamente archivada por la Dra. Catalina Crespo Sancho sin estudiarla.
A medida que este caso de corrupción a gran escala en la Suiza Centroamericana desde 2015 hasta 2022 se vaya conociendo por la comunidad y aclarando en los Juzgados, es posible se abran nuevas causas penales, pues hasta el momento las investigaciones dentro del Poder Judicial son de carácter administrativo y por parte de su Tribunal de Inspección Judicial, que tiene muy mala fama en la búsqueda de la verdad y de la justicia. Mientras tanto el presidente del Poder Judicial Dr. Fernando Cruz Castro, tiene bajo su responsabilidad para admitir un nuevo recurso de amparo contra el Poder Judicial, número 22-02831-0007-CO donde los recurridos son tres estudiantes venezolanos, uno de pregrado, otro de posgrado y otro de doctorado.
Están en trámite dos causas penales contra el Dr. Henning Jensen Pennington (2017 y 2019) y el Rector de Transición Dr. Carlos Eduardo Araya Leandro (2020), todas acumuladas y está en proceso la apertura de una nueva causa penal (2022) contra el Rector actual Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta por parte de FAPTA. Será la prueba del ácido para el sistema judicial de Costa Rica, único país junto con Uruguay que todavía califican como democracias plenas en América Latina y El Caribe, según el reciente ranquin del 2021 de Economist Intelligence EIU. Y es que en 2021 Chile perdió el estatus de democracia perfecta. ¿Le pasará lo mismo a Costa Rica en el próximo estudio? Depende de todos los costarricenses.
Como reflexión final, en un contexto en el que la participación en las elecciones primera vuelta del 6F alcanzó una cifra baja histórica, y el desencanto de la mayoría de los votantes por los partidos políticos; la experiencia que puedan aportar los valientes y bravos venezolanos en Costa Rica es invaluable, para que este país no siga el rumbo torcido de Cuba, Nicaragua o Venezuela en los años venideros. Cualquiera que gane las elecciones tendrá que luchar contra la Corrupción y un Sistema Judicial lento e "injusto".
En base a lo anterior los venezolanos en Costa Rica, ofendidos por el Poder Judicial y la UCR tienen una agenda precisa para acudir a todos los medios de comunicación locales, regionales, nacionales e internacionales, y no está descartado iniciar gestiones en organismos internacionales en los EE.UU. y Europa con los que Costa Rica tiene suscrito acuerdos internacionales. En el día 15 de febrero a las 15:07h ya fueron atendidos por un prestigioso medio de La Sabana, al que seguirán muchos más.
Para mayores detalles los interesados ofendidos y denunciantes venezolanos de la UCR y sus familias pueden escribir a sala4-informacion@poder-judicial.go.cr Referencia 22-02831-0007-CO y 21-020199-0007-CO. Tribunal de Inspección Judicial, inspjud-quejas@poder-judicial.go.cr 22-00490-0031-DI y 22-00415-0031-DI y Juzgado Penal IICJSJ expediente 17-002170-0175-PE. En la UCR al Rector o a los miembros del Consejo Universitario despacho.rectoria@ucr.ac.cr y recepcion.cu@ucr.ac.cr con copia a CONARE conare@conare.ac.cr.
En Costa Rica donde todavía existe la democracia plena en 2021, el magistrado Dr. Fernando Castillo Víquez jerarca de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia será investigado por la Corte Plena, en base a la resolución que recibieron este martes 15 de febrero un grupo de ofendidos venezolanos estudiantes pregrado, posgrado y doctorado de la Universidad de Costa Rica UCR, que en 2017 acusaron de prevaricato al Rector Dr. Henning Jensen Pennington.
Con respecto a este caso de mega-corrupción por parte de tres Rectores y numerosos jerarcas de la UCR documentado ampliamente en el expediente causa penal 17-002170-0175-PE, en consulta realizada el martes 15 en el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de Goicoechea, continúa en trámite a la fecha y hora de esta publicación, en revisión los últimos escritos y pruebas aportadas por los ofendidos, que también son declarantes y víctimas.
El expediente penal en trámite en 2022 que sobrevivió a las numerosas causas interpuestas contra el Dr. Jensen, comprende 9,672 páginas escaneadas a todo color, sin contar los audios, videos, entrevistas y publicaciones en la prensa; son pruebas contundentes que han presentado los ofendidos y testigos estudiantes venezolanos por las autoridades de la UCR desde finales del 2015 que la institución sin tener capacidad desaplicó unilateralmente la Ley 3740 hasta la fecha configurando delitos de prevaricato, abuso de autoridad, concusión y usurpación (A la Asamblea Legislativa), de esta forma aportan la experiencia del bravo pueblo venezolano contra la corrupción y el establishment al terreno costarricense.
Otro expediente, esta vez del Tribunal de Inspección Judicial, número 22-00490-0031-DI voto 432-2022 del once de febrero a las 11:30, es el que originó la resolución mediante la cual la investidura de Magistrado y presidente de la Sala Constitucional Dr. Fernando Castillo Víquez nos instruye de que la Corte en Pleno y no el Tribunal de Inspección Judicial debe resolver.
En situación similar se encuentran otros magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, que están siendo investigados judicialmente por presunto prevaricato y otras faltas muy graves en la sentencia a favor de la UCR y en contra de los estudiantes, por un Recurso de Amparo rechazado según Sentencia N° 2021-025998 de las 9:20 horas del 19 de noviembre de 2021 (21-020199-0007-CO), que fue presentado por un estudiante doctoral de la Escuela de Historia PPHIST-CIHAC-SEP-UCR que fue expulsado sin el debido proceso en 2017 en retaliación por luchas contra la corrupción galopante dentro del sistema de CONARE, específicamente en la UCR y por la publicación de innumerables artículos en SEMANARIO UNIVERSIDAD.
Según Testimonio de Piezas, solicitado el 10 de febrero por la servidora instructora de Tribunales de Inspección Judicial tramitante, los nombres de los otros magistrados y magistradas que podrían ser objeto de nuevas resoluciones implicados en hechos de corrupción administrativa denunciados por prevaricato/otros en adición al presidente de la Sala Constitucional podrían ser: Paul E. Rueda Leal, Luis Fdo. Salazar Alvarado, Jorge A. Araya García, Anamari Garro Vargas, Alicia M. Salas Torres y María Lucila Monge Pizarro.
En otro orden de ideas, los venezolanos recibieron un oficio de la Fiscalía del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, FCA 140222 de fecha 14 de febrero, donde se pronunciaban que los fiscales de esa institución no tenían la competencia para iniciar investigaciones administrativas por denuncia contra 28 jueces, magistrados, y otros servidores públicos. Amparados en el artículo 1 del Código de Deberes, Jurídicos y Éticos del Profesional del Derecho en Costa Rica se lavaron las manos como Poncio Pilatos.
Entre las dependencias que están siendo investigadas están la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, FAPTA, y varias dependencias del I como la Sala Constitucional y del II Circuito Judicial de San José como la Fiscalía, Juzgado y Tribunal Penal. Una comisión de venezolanos ofendidos estará visitando estos días a prestigiosos medios noticieros nacionales e internacionales para darles a conocer su frustración, su enojo, su impotencia, de que el derecho constitucional del artículo 41, el derecho de petición artículo 27, artículo 28 que implica que nadie puede ser inquietado ni perseguido como han hecho con el Sr. Vilagut, al igual que el derecho a la educación, y los derechos específicos que le otorga la Ley 3740 conocida como Convenio Cultural entre las Repúblicas de Costa Rica y de Venezuela, están siendo violados, por las autoridades de la UCR desde 2015 hasta 2022 y algunos jerarcas del Poder Judicial, Ministerio Publico, Fiscalía General de la República y la Defensoría de los Habitantes, DHR, institución que depende de la Asamblea Legislativa donde cada denuncia recibida de un venezolano estudiante de la UCR es automáticamente archivada por la Dra. Catalina Crespo Sancho sin estudiarla.
A medida que este caso de corrupción a gran escala en la Suiza Centroamericana desde 2015 hasta 2022 se vaya conociendo por la comunidad y aclarando en los Juzgados, es posible se abran nuevas causas penales, pues hasta el momento las investigaciones dentro del Poder Judicial son de carácter administrativo y por parte de su Tribunal de Inspección Judicial, que tiene muy mala fama en la búsqueda de la verdad y de la justicia. Mientras tanto el presidente del Poder Judicial Dr. Fernando Cruz Castro, tiene bajo su responsabilidad para admitir un nuevo recurso de amparo contra el Poder Judicial, número 22-02831-0007-CO donde los recurridos son tres estudiantes venezolanos, uno de pregrado, otro de posgrado y otro de doctorado.
Están en trámite dos causas penales contra el Dr. Henning Jensen Pennington (2017 y 2019) y el Rector de Transición Dr. Carlos Eduardo Araya Leandro (2020), todas acumuladas y está en proceso la apertura de una nueva causa penal (2022) contra el Rector actual Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta por parte de FAPTA. Será la prueba del ácido para el sistema judicial de Costa Rica, único país junto con Uruguay que todavía califican como democracias plenas en América Latina y El Caribe, según el reciente ranquin del 2021 de Economist Intelligence EIU. Y es que en 2021 Chile perdió el estatus de democracia perfecta. ¿Le pasará lo mismo a Costa Rica en el próximo estudio? Depende de todos los costarricenses.
Como reflexión final, en un contexto en el que la participación en las elecciones primera vuelta del 6F alcanzó una cifra baja histórica, y el desencanto de la mayoría de los votantes por los partidos políticos; la experiencia que puedan aportar los valientes y bravos venezolanos en Costa Rica es invaluable, para que este país no siga el rumbo torcido de Cuba, Nicaragua o Venezuela en los años venideros. Cualquiera que gane las elecciones tendrá que luchar contra la Corrupción y un Sistema Judicial lento e "injusto".
En base a lo anterior los venezolanos en Costa Rica, ofendidos por el Poder Judicial y la UCR tienen una agenda precisa para acudir a todos los medios de comunicación locales, regionales, nacionales e internacionales, y no está descartado iniciar gestiones en organismos internacionales en los EE.UU. y Europa con los que Costa Rica tiene suscrito acuerdos internacionales. En el día 15 de febrero a las 15:07h ya fueron atendidos por un prestigioso medio de La Sabana, al que seguirán muchos más.
Para mayores detalles los interesados ofendidos y denunciantes venezolanos de la UCR y sus familias pueden escribir a sala4-informacion@poder-judicial.go.cr Referencia 22-02831-0007-CO y 21-020199-0007-CO. Tribunal de Inspección Judicial, inspjud-quejas@poder-judicial.go.cr 22-00490-0031-DI y 22-00415-0031-DI y Juzgado Penal IICJSJ expediente 17-002170-0175-PE. En la UCR al Rector o a los miembros del Consejo Universitario despacho.rectoria@ucr.ac.cr y recepcion.cu@ucr.ac.cr con copia a CONARE conare@conare.ac.cr.
No hay comentarios:
Publicar un comentario