San José de Costa Rica lunes 7 de febrero de 2022, Blog Feliz y Saludable. Pronto se acabará cáncer de la corrupción en la Universidad de Costa Rica UCR, como indica que es la razón de la gran abstención en su programa de la DW alemana refiriéndose a la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Costa Rica el 6 de febrero de 2022: “El expresidente Figueres y el exministro Chaves pasan al balotaje en Costa Rica”, Enlace https://youtu.be/5wlQyvwTXyM
Desde 2015 y sin ninguna consecuencia el Rector de la UCR Dr. Henning Jensen Pennington y sus dos sucesores en 2020 y en 2021, cometiendo USURPACIÓN DE PODERES, no aplican una ley vigente de la República, la Ley 3740, conocida Convenio de Intercambio Cultural Entre las Repúblicas de Venezuela y de Costa Rica, cometiendo también el delito de PREVARICATO contra cientos de indefensos venezolanos de educación superior en Costa Rica que han matriculado cursos regulares en pre-grado, grado, posgrado, doctorado y Programa PIAM de la Vice rectoría de Acción Social.
Diferentes dependencias como la OAICE, que atiende los asuntos internacionales, la OCU, que atiende los asuntos de contraloría de la institución, los institutos de investigación, como el IICE Instituto de Investigación en Ciencias Económicas y el CIHAC, Centro de Investigaciones Históricas de América Central, la dirección del Posgrado de Historia PPHIST, el decano del Sistema de Estudios de Posgrado, el decano de Derecho, han sido acusados de varios delitos con pruebas contundentes pero ningún rector y/o miembros del Consejo Universitario, han abierto un expediente administrativo.
En el ámbito penal los tres expedientes abiertos en 2017, 2019 y 2020 han sido desestimados por Jueces costarricenses, todos egresados de la UCR, acusados de delitos graves, muy graves o incluso prevaricato, por lo que Inspección Judicial ha abierto desde 2017 una gran cantidad de expedientes judiciales, que están también todos desestimados y archivados.
Los venezolanos residentes en Costa Rica tienen fe que cualquiera de los dos candidatos que pasaron a la segunda ronda el próximo 3 de abril de 2022, para presidentes, así como la nueva conformación de la Asamblea Legislativa, serán el punto de inflexión en el cual se comience a cumplir el artículo de la Constitución Política de Costa Rica sobre JUSTICIA PRONTA CUMPLIDA SIN DENEGACIÓN Y EN ESTRICTA CONFORMIDAD CON LAS LEYES.
Los últimos tres rectores de la UCR han sido denunciados por los estudiantes venezolanos, y para dar apariencia de legalidad han abierto en 2021 una oficina de Mejora Continua UMEC, a cargo de Eduardo Bravo Ramírez que no funciona, la cual se suma a la Oficina de la Defensoría Estudiantil Universitaria, DEFEU manejada no por abogados sino por estudiantes de derecho UCR bajo la dirección del Decano que tampoco es buena para los estudiantes, y la Contraloría Universitaria, OCU en complicidad con la Oficina Jurídica que están al servicio del Rector y/o miembros del Consejo Universitario, y no de los Estudiantes.
La familia venezolana, costarricense y española más afectada tiene una historia de 70 años en la universidad de Costa Rica desde la década de los años 50s en que el fundador del apellido en Costa Rica viajó desde Caracas para matricularse en la carrera de Agronomía y conoció a su futura esposa, que estudiaba en la Carrera de Ciencias Económicas, en aquella época se usaba el mismo edificio y la UCR solo tenia el bus de Agronomía para las giras de los estudiantes.
El ultimo escrito que forma parte del voluminoso expediente, que fue autenticado por un abogado notario costarricense, ha recibido el consecutivo por parte de la oficina del Rector Dr. Gustavo Adolfo Ramón Gutiérrez Espeleta como Externo-R-3610-2022 con fecha 7 de febrero de 2022, y los venezolanos han enviado copia de varias pruebas contundentes de los delitos de USURPACIÓN, PREVARICATO, FALSO TESTIMONIO, ABUSO DE AUTORIDAD, DESOBEDIENCIA A LA JUSTICIA, a los candidatos a la segunda vuelta que han ofrecido cero tolerancias con la corrupción, como el Dr Rodrigo Alberto Chaves Robles y el ex presidente José María Figueres Olsen. El que le precedió es el documento Externo-R-3604-2022 recibido el pasado 3 de febrero de 2022. Como el que calla otorga, los venezolanos esperamos que ni el Rector ni el Consejo Universitario den ningún trámite a las gestiones de febrero.
El proceso ante el Ministerio Público, el Poder Judicial y la UCR está viciado desde el inicio, y ahora son comunes que se envíen papeles sin firma a los denunciantes como el recibido hoy por parte del Rector: “Sirva la presente para saludarle y a la vez acusar recibo de su correo electrónico. No obstante, resulta necesario señalar que, una vez revisado el contenido del mismo, puede desprenderse que sus manifestaciones deben ser dirigidas a las instancias correspondientes, toda vez que esta Rectoría no tiene incidencia en la resolución de los procesos judiciales incoados por su persona". Segun legislación vigente ese papel digital, enviado por correo electrónico no tiene ningún valor.
Le secretaria general de la Corte Suprema de Justicia, está haciendo seguimiento a este caso, oficios 432-2022, 588-2022, 903-2022, 962-2022, 1098-2022 así que pareciera la bola está en el tejado del Poder Judicial y no de la fiscalía general de la República ya que la anterior Fiscala Emilia Navas Aparicio, fue denunciada y se desestimó la acusación por no tramitar los expedientes penales de los venezolanos de la UCR. El fiscal general en funciones interino abogado egresado de la UCR Warner Molina Ruiz, aún no ha sido ratificado en el cargo y la verdad no ha tenido interés en este caso.
Cuando se denuncio penalmente al Dr. Henning Jensen Pennington en 2017, el presidente de la república era el historiador y académico de la UCR Luis Guillermo Solís Rivera, y le sucedió el Master Carlos Andrés Alvarado Quesada, graduado de la UCR de Bachiller en Ciencias de la Comunicación y actual presidente, siendo el PAC partido de gobierno con sede en Montes de Oca, la UCR se sentía protegida, pero ahora que este partido político desapareció por corrupto y por la mala gestión, entonces es un buen momento para que los ofendidos sean compensados y reparadas las ofensas por una cuantía que excede los diez millones de dólares estadounidenses. Hay gestiones iniciadas por la Fiscalía General de la República, para quitar la inmunidad al presidente actual Carlos Alvarado y Víctor Morales e iniciar investigaciones por el llamado caso UPAD.
Por bitcoin2ndchance@gmail.com Master Rafael A. Vilagut-Vega, estudiante doctoral en la UCR, fundador y CEO del Movimiento la Segunda Oportunidad, La Gente de la Blockchain y del Bitcóin. Consultor en petróleo y energías renovables.
Desde 2015 y sin ninguna consecuencia el Rector de la UCR Dr. Henning Jensen Pennington y sus dos sucesores en 2020 y en 2021, cometiendo USURPACIÓN DE PODERES, no aplican una ley vigente de la República, la Ley 3740, conocida Convenio de Intercambio Cultural Entre las Repúblicas de Venezuela y de Costa Rica, cometiendo también el delito de PREVARICATO contra cientos de indefensos venezolanos de educación superior en Costa Rica que han matriculado cursos regulares en pre-grado, grado, posgrado, doctorado y Programa PIAM de la Vice rectoría de Acción Social.
Diferentes dependencias como la OAICE, que atiende los asuntos internacionales, la OCU, que atiende los asuntos de contraloría de la institución, los institutos de investigación, como el IICE Instituto de Investigación en Ciencias Económicas y el CIHAC, Centro de Investigaciones Históricas de América Central, la dirección del Posgrado de Historia PPHIST, el decano del Sistema de Estudios de Posgrado, el decano de Derecho, han sido acusados de varios delitos con pruebas contundentes pero ningún rector y/o miembros del Consejo Universitario, han abierto un expediente administrativo.
En el ámbito penal los tres expedientes abiertos en 2017, 2019 y 2020 han sido desestimados por Jueces costarricenses, todos egresados de la UCR, acusados de delitos graves, muy graves o incluso prevaricato, por lo que Inspección Judicial ha abierto desde 2017 una gran cantidad de expedientes judiciales, que están también todos desestimados y archivados.
Los venezolanos residentes en Costa Rica tienen fe que cualquiera de los dos candidatos que pasaron a la segunda ronda el próximo 3 de abril de 2022, para presidentes, así como la nueva conformación de la Asamblea Legislativa, serán el punto de inflexión en el cual se comience a cumplir el artículo de la Constitución Política de Costa Rica sobre JUSTICIA PRONTA CUMPLIDA SIN DENEGACIÓN Y EN ESTRICTA CONFORMIDAD CON LAS LEYES.
Los últimos tres rectores de la UCR han sido denunciados por los estudiantes venezolanos, y para dar apariencia de legalidad han abierto en 2021 una oficina de Mejora Continua UMEC, a cargo de Eduardo Bravo Ramírez que no funciona, la cual se suma a la Oficina de la Defensoría Estudiantil Universitaria, DEFEU manejada no por abogados sino por estudiantes de derecho UCR bajo la dirección del Decano que tampoco es buena para los estudiantes, y la Contraloría Universitaria, OCU en complicidad con la Oficina Jurídica que están al servicio del Rector y/o miembros del Consejo Universitario, y no de los Estudiantes.
La familia venezolana, costarricense y española más afectada tiene una historia de 70 años en la universidad de Costa Rica desde la década de los años 50s en que el fundador del apellido en Costa Rica viajó desde Caracas para matricularse en la carrera de Agronomía y conoció a su futura esposa, que estudiaba en la Carrera de Ciencias Económicas, en aquella época se usaba el mismo edificio y la UCR solo tenia el bus de Agronomía para las giras de los estudiantes.
El ultimo escrito que forma parte del voluminoso expediente, que fue autenticado por un abogado notario costarricense, ha recibido el consecutivo por parte de la oficina del Rector Dr. Gustavo Adolfo Ramón Gutiérrez Espeleta como Externo-R-3610-2022 con fecha 7 de febrero de 2022, y los venezolanos han enviado copia de varias pruebas contundentes de los delitos de USURPACIÓN, PREVARICATO, FALSO TESTIMONIO, ABUSO DE AUTORIDAD, DESOBEDIENCIA A LA JUSTICIA, a los candidatos a la segunda vuelta que han ofrecido cero tolerancias con la corrupción, como el Dr Rodrigo Alberto Chaves Robles y el ex presidente José María Figueres Olsen. El que le precedió es el documento Externo-R-3604-2022 recibido el pasado 3 de febrero de 2022. Como el que calla otorga, los venezolanos esperamos que ni el Rector ni el Consejo Universitario den ningún trámite a las gestiones de febrero.
El proceso ante el Ministerio Público, el Poder Judicial y la UCR está viciado desde el inicio, y ahora son comunes que se envíen papeles sin firma a los denunciantes como el recibido hoy por parte del Rector: “Sirva la presente para saludarle y a la vez acusar recibo de su correo electrónico. No obstante, resulta necesario señalar que, una vez revisado el contenido del mismo, puede desprenderse que sus manifestaciones deben ser dirigidas a las instancias correspondientes, toda vez que esta Rectoría no tiene incidencia en la resolución de los procesos judiciales incoados por su persona". Segun legislación vigente ese papel digital, enviado por correo electrónico no tiene ningún valor.
Le secretaria general de la Corte Suprema de Justicia, está haciendo seguimiento a este caso, oficios 432-2022, 588-2022, 903-2022, 962-2022, 1098-2022 así que pareciera la bola está en el tejado del Poder Judicial y no de la fiscalía general de la República ya que la anterior Fiscala Emilia Navas Aparicio, fue denunciada y se desestimó la acusación por no tramitar los expedientes penales de los venezolanos de la UCR. El fiscal general en funciones interino abogado egresado de la UCR Warner Molina Ruiz, aún no ha sido ratificado en el cargo y la verdad no ha tenido interés en este caso.
Cuando se denuncio penalmente al Dr. Henning Jensen Pennington en 2017, el presidente de la república era el historiador y académico de la UCR Luis Guillermo Solís Rivera, y le sucedió el Master Carlos Andrés Alvarado Quesada, graduado de la UCR de Bachiller en Ciencias de la Comunicación y actual presidente, siendo el PAC partido de gobierno con sede en Montes de Oca, la UCR se sentía protegida, pero ahora que este partido político desapareció por corrupto y por la mala gestión, entonces es un buen momento para que los ofendidos sean compensados y reparadas las ofensas por una cuantía que excede los diez millones de dólares estadounidenses. Hay gestiones iniciadas por la Fiscalía General de la República, para quitar la inmunidad al presidente actual Carlos Alvarado y Víctor Morales e iniciar investigaciones por el llamado caso UPAD.
Por bitcoin2ndchance@gmail.com Master Rafael A. Vilagut-Vega, estudiante doctoral en la UCR, fundador y CEO del Movimiento la Segunda Oportunidad, La Gente de la Blockchain y del Bitcóin. Consultor en petróleo y energías renovables.
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