ANTES DE DEPOSITAR SU AGUINALDO, BONO O UTILIDADES, HÁGASE ESTA PREGUNTA: ¿QUIÉN PROTEGE REALMENTE SU DINERO?
Paraguay, Costa Rica y una reflexión necesaria sobre la seguridad de nuestros ahorros, la solvencia de las entidades financieras y el patrimonio familiar.
LAS CRÓNICAS DEL CAPITAL FAMILIAR
Educación Patrimonial Intergeneracional
Hay acontecimientos financieros que merecen nuestra atención no porque necesariamente vayan a repetirse en otros países, sino porque nos obligan a formular preguntas que normalmente no hacemos.
Lo ocurrido con ueno bank en Paraguay durante los primeros días de noviembre de 2026 es uno de esos acontecimientos.
No se trata solamente de la resolución de una entidad financiera que había conseguido una extraordinaria expansión comercial. Se trata de examinar qué sucede cuando millones de personas depositan su confianza en una institución, cuando los recursos públicos también están expuestos a sus operaciones y cuando los problemas de solvencia, gobierno corporativo y calidad de la información financiera terminan afectando la continuidad de sus servicios.
La pregunta que nos interesa no es si Costa Rica está a punto de repetir lo ocurrido en Paraguay.
La pregunta es otra, mucho más útil para cualquier ahorrante, empresario o familia:
¿Sabemos realmente qué protección tiene nuestro dinero cuando lo depositamos en una entidad financiera?
La reflexión llega, además, en un momento particularmente oportuno. En Costa Rica se aproxima el pago de los aguinaldos, mientras que trabajadores, empresarios y profesionales de distintos países latinoamericanos recibirán bonos, utilidades, dividendos y otros ingresos extraordinarios.
Antes de decidir qué hacer con esos recursos, conviene comprender dónde los depositamos, qué riesgos asumimos y qué garantías existen.
Porque recibir dinero es una oportunidad. Saber custodiarlo es una responsabilidad patrimonial.
1. Paraguay: cuando una entidad financiera deja de ser una historia de crecimiento
Durante varios años, ueno bank construyó una presencia extraordinaria en el mercado paraguayo.
Su expansión combinó tecnología, servicios financieros digitales, una extensa red comercial y una estrategia de crecimiento que le permitió alcanzar aproximadamente 2,9 millones de clientes en un país de poco más de seis millones de habitantes.
Su historia empresarial parecía representar una transformación del sistema financiero tradicional: más digitalización, mayor alcance, nuevos canales de atención y una propuesta comercial atractiva.
Sin embargo, el crecimiento de una entidad financiera no es sinónimo de fortaleza patrimonial.
El 02 de noviembre de 2026, el Directorio del Banco Central del Paraguay decidió iniciar el procedimiento de resolución de ueno bank, después de que su indicador de solvencia descendiera por debajo del 50 % del mínimo legal exigido.
La decisión se comunicó públicamente el 03 de noviembre.
Conviene precisar que un procedimiento de resolución no equivale automáticamente a una quiebra judicial. Se trata de un mecanismo institucional destinado a gestionar una entidad financiera en dificultades, proteger los intereses de los depositantes y procurar una salida ordenada conforme al marco legal.
Pero las consecuencias para los clientes fueron reales: interrupciones de servicios, dificultades de acceso a sus recursos y una incertidumbre que ninguna aplicación bancaria puede resolver simplemente con una actualización de software.
¿Qué ocurrió detrás del crecimiento?
La información divulgada por las autoridades y las investigaciones periodísticas puso sobre la mesa varios problemas que merecen especial atención:
Primero: las operaciones vinculadas.
Se identificaron operaciones crediticias con empresas relacionadas con el grupo propietario de la entidad, así como deficiencias en la documentación y revelación de determinadas exposiciones.
El problema de los préstamos vinculados no consiste únicamente en que una entidad preste dinero a empresas relacionadas. Consiste en determinar si esas operaciones se realizaron bajo condiciones adecuadas, con controles independientes, garantías suficientes, valoración correcta del riesgo y transparencia para los supervisores y depositantes.
Segundo: la calidad de la información financiera.
Las revisiones contables y los ajustes efectuados sobre los activos y las partidas registradas afectaron significativamente la posición patrimonial de la entidad.
Cuando una organización contabiliza incorrectamente gastos, activos o pérdidas crediticias, su situación económica puede parecer más sólida de lo que realmente es.
La contabilidad no es un trámite administrativo. Es uno de los instrumentos fundamentales para conocer la realidad financiera de una institución.
Tercero: el gobierno corporativo y los conflictos de interés.
Las relaciones entre personas vinculadas al grupo empresarial, la dirección de la entidad financiera y las autoridades públicas generaron cuestionamientos institucionales y políticos.
Estos acontecimientos deben analizarse con cuidado, distinguiendo las relaciones acreditadas, las investigaciones abiertas y las responsabilidades que correspondan determinar a las autoridades competentes.
El caso también adquirió una dimensión política por la relación anterior del presidente Santiago Peña con el Grupo Vázquez y por los antecedentes profesionales del presidente del Banco Central.
No corresponde convertir esas circunstancias, por sí solas, en una declaración de responsabilidad penal. Sí corresponde reconocer que la independencia de los supervisores y la prevención de conflictos de interés son componentes esenciales de la confianza financiera.
¿Qué nos enseña Paraguay?
Que una entidad puede tener millones de clientes, una marca reconocida, numerosas oficinas y una plataforma tecnológica moderna, y aun así presentar problemas graves de solvencia y gobierno corporativo.
También nos recuerda que los fondos públicos depositados en una entidad financiera no están exentos de riesgo por el simple hecho de pertenecer al Estado, a una institución de pensiones o a una empresa pública.
La administración de recursos ajenos exige controles especialmente rigurosos.
Y hay una lección adicional: la garantía de depósitos no significa que todos los clientes recuperarán inmediatamente la totalidad de su dinero.
En Paraguay, la cobertura aplicable se establece en hasta 75 salarios mínimos, equivalentes a ₲228,3 millones según los valores utilizados en este caso. Su equivalente en dólares depende del tipo de cambio. La cobertura está sujeta a las condiciones legales y no debe confundirse con una garantía ilimitada.
El episodio obliga a separar tres conceptos que muchas veces se presentan como si fueran equivalentes:
La solvencia de la entidad financiera.
La continuidad de sus servicios.
La protección jurídica de los depósitos.
Son cuestiones relacionadas, pero diferentes.
2. Costa Rica: ¿estamos mejor protegidos?
Costa Rica cuenta con una estructura institucional y regulatoria que incluye al Banco Central de Costa Rica (BCCR), al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), a la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) y al Fondo de Garantía de Depósitos.
Existen normas sobre operaciones crediticias vinculadas, requerimientos patrimoniales, supervisión, intervención y resolución de entidades financieras.
Esto constituye una diferencia importante respecto de otros entornos institucionales.
Pero sería un error interpretar que disponer de regulación equivale a eliminar el riesgo.
La experiencia costarricense de 2024 demuestra precisamente lo contrario.
Las lecciones de Coopeservidores y Financiera Desyfin
Durante 2024, Costa Rica tuvo que afrontar dos situaciones especialmente relevantes para su sistema financiero.
Coopeservidores y Financiera Desyfin atravesaron procesos de resolución después de que las autoridades identificaran problemas que comprometían su situación financiera.
En el caso de Coopeservidores, se documentaron deficiencias relacionadas con la calidad de la cartera crediticia, el tratamiento de operaciones refinanciadas y readecuadas, el reconocimiento de pérdidas y la suficiencia de las estimaciones.
En Financiera Desyfin también se produjeron problemas que condujeron a su resolución.
No sería riguroso afirmar que ambos casos reproducen exactamente las causas identificadas en ueno bank. Cada entidad tuvo circunstancias particulares y debe analizarse a partir de sus propios expedientes.
Pero sí podemos extraer una conclusión común:
Costa Rica tampoco está exenta de problemas graves de gestión, calidad de los activos, información financiera y solvencia en entidades que reciben recursos de sus clientes.
Y esto merece atención especial porque muchas familias mantienen sus ahorros en instituciones cuya situación financiera nunca han investigado.
No se trata de desconfiar de todas las cooperativas o entidades financieras. Se trata de comprender que la naturaleza jurídica de una institución, su supervisión y su cobertura de depósitos son elementos que debemos conocer antes de confiarle nuestro patrimonio.
3. El Fondo de Garantía de Depósitos: ¿cuánto protege realmente?
Uno de los aspectos más importantes para cualquier ahorrante costarricense es conocer el alcance del Fondo de Garantía de Depósitos.
La Ley 9816, Ley de Creación del Fondo de Garantía de Depósitos y de Mecanismos de Resolución de los Intermediarios Financieros, estableció un marco de protección y resolución para las entidades comprendidas en su ámbito de aplicación.
La cobertura máxima ordinaria es de ₡6 millones por persona y por entidad, para los depósitos elegibles, conforme a las condiciones y exclusiones establecidas legalmente.
Esto merece una explicación.
Si una persona mantiene varios depósitos elegibles en una misma entidad, no debe asumir que cada cuenta dispone de una cobertura independiente de ₡6 millones.
El límite se aplica por depositante y entidad, no por número de cuentas.
Por otra parte, no todos los productos financieros están cubiertos. Una inversión, un instrumento de capital, una participación en un fondo o un producto comercializado mediante una plataforma digital no se convierte automáticamente en un depósito garantizado.
Hay que conocer la naturaleza jurídica del producto y de la entidad que lo recibe.
Una pregunta sobre la capacidad del fondo
Al cierre de 2025, el patrimonio informado del Fondo de Garantía de Depósitos se situaba alrededor de ₡20.482 millones.
Las cifras y discusiones técnicas divulgadas durante 2026 han puesto de manifiesto una brecha importante entre los recursos acumulados y el objetivo normativo de alcanzar un fondo equivalente al 5 % de los depósitos garantizados.
Se ha planteado incluso que, bajo determinados supuestos de acumulación, alcanzar ese objetivo podría requerir varias décadas.
Esto merece atención.
Sin embargo, es importante no confundir una insuficiencia relativa de recursos frente al objetivo de largo plazo con la demostración de que el fondo sea incapaz de responder ante cualquier resolución.
La capacidad de afrontar una crisis depende, entre otros factores, de:
El tamaño de la entidad afectada.
La cantidad de depósitos efectivamente cubiertos.
Los activos recuperables.
La distribución de los saldos entre los depositantes.
Los mecanismos de resolución y financiación disponibles.
Las obligaciones que deben atenderse durante el proceso.
La pregunta responsable no es si el fondo está quebrado. No lo está por el simple hecho de encontrarse por debajo de su objetivo de acumulación.
La pregunta es si sus recursos, los mecanismos de resolución y las fuentes complementarias de financiación serían suficientes ante una crisis de dimensiones importantes.
Esa es una discusión que merece transparencia pública y seguimiento institucional.
¿Y los bancos públicos?
El Banco Nacional de Costa Rica y el Banco de Costa Rica cuentan con un régimen de garantía estatal distinto del régimen ordinario del Fondo de Garantía de Depósitos.
Las propuestas de reforma legislativa, entre ellas las discutidas en el expediente 24.256, han abierto un debate sobre la evolución de ese esquema y los mecanismos de resolución y financiación.
Pero debemos distinguir entre el régimen vigente y las modificaciones propuestas. No sería correcto presentar una reforma en discusión como si ya hubiese eliminado la garantía estatal.
Para el ahorrante, lo importante es conocer qué protección legal tiene hoy su depósito y qué cambios podrían producirse si se modifica el marco normativo.
La protección de los depósitos públicos también merece información clara, porque la confianza financiera no se construye mediante suposiciones.
4. Cooperativas, bancos, financieras y fintech: no todas reciben nuestro dinero de la misma manera
Aquí encontramos una de las cuestiones más importantes para la educación patrimonial en Costa Rica y en otros países de Hispanoamérica.
El sistema financiero no está compuesto exclusivamente por bancos.
Existen cooperativas de ahorro y crédito, financieras, intermediarios supervisados, plataformas de pago, empresas tecnológicas y otras organizaciones que ofrecen productos y servicios relacionados con el dinero.
Pero no todas tienen la misma naturaleza jurídica, no todas están sujetas a las mismas reglas y no todos los recursos que reciben están protegidos por los mismos mecanismos.
Por eso, una familia no debería tomar decisiones basándose únicamente en la marca comercial, la popularidad de una aplicación o la tasa de interés anunciada.
Cinco preguntas antes de entregar nuestro dinero
1. ¿Quién recibe realmente los recursos?
Hay que identificar la razón social de la entidad que recibe el dinero, no solamente el nombre de la aplicación o del producto comercial.
2. ¿Qué autorización tiene?
Conviene verificar si se encuentra supervisada por SUGEF, por otra autoridad competente o si realiza una actividad para la que no necesita autorización como intermediario financiero.
Estar inscrito o registrado para una actividad determinada no equivale necesariamente a estar autorizado para captar depósitos.
3. ¿Qué estamos contratando?
¿Es un depósito bancario, un saldo de pago, una inversión, un préstamo, una participación en un fondo o un activo digital?
La denominación comercial no sustituye la naturaleza jurídica del contrato.
4. ¿Qué protección existe?
Debemos comprobar si el producto está comprendido en el Fondo de Garantía de Depósitos, qué condiciones se aplican y cuáles son las exclusiones.
5. ¿Qué ocurre si la entidad deja de operar?
Es necesario conocer los procedimientos de recuperación, las condiciones de retiro, la disponibilidad de los recursos y los derechos del cliente ante una suspensión o resolución.
Estas preguntas son especialmente relevantes cuando una plataforma ofrece rendimientos elevados en dólares.
Una rentabilidad atractiva no es necesariamente una señal de peligro. Pero tampoco es una prueba de seguridad.
Hay que investigar de dónde procede el rendimiento, qué riesgos se asumen, quién custodia los activos y qué sucede si las operaciones no producen los resultados esperados.
La tecnología puede mejorar la experiencia del cliente. No sustituye la solvencia, la auditoría, el gobierno corporativo ni la supervisión.
Una aplicación puede dejar de funcionar sin que el dinero haya desaparecido. Y el dinero puede estar en riesgo aunque la aplicación continúe funcionando con absoluta normalidad.
5. La llegada del aguinaldo: una oportunidad para revisar nuestro patrimonio
Esta es, probablemente, la reflexión más oportuna para los próximos meses.
En Costa Rica, millones de trabajadores recibirán su aguinaldo. Otros percibirán bonos, utilidades, dividendos, comisiones o ingresos extraordinarios.
En otros países de Hispanoamérica existen pagos y gratificaciones de naturaleza diferente, pero la situación es comparable: durante determinados momentos del año, las familias disponen de una cantidad de dinero superior a la habitual.
¿Qué hacemos con esos recursos?
Con frecuencia, las decisiones se toman en función de necesidades inmediatas, compromisos pendientes, ofertas comerciales o recomendaciones de personas cercanas.
Algunas familias cancelan deudas. Otras realizan compras importantes. Algunas mantienen el dinero en una cuenta bancaria. Otras buscan inversiones que ofrezcan mejores rendimientos.
Todas esas decisiones pueden tener sentido, dependiendo de las circunstancias particulares.
Pero antes conviene incorporar una pregunta que suele quedar fuera de la conversación:
¿Estoy colocando mis recursos en una estructura de custodia que comprendo y que se corresponde con mis necesidades familiares?
No es necesario tener un patrimonio millonario para formularla.
Una familia que recibe un aguinaldo de ₡800.000 puede necesitar tanta claridad sobre la protección de sus ahorros como una familia empresaria que administra varios millones de dólares.
La diferencia estará en la magnitud de los recursos, la complejidad de las decisiones y las consecuencias de un eventual error.
Una revisión patrimonial sencilla
Antes de disponer de los ingresos extraordinarios, puede ser conveniente elaborar un inventario básico:
Cuánto dinero tenemos disponible.
Qué obligaciones debemos atender.
Cuánto necesitamos mantener como reserva de liquidez.
En qué entidades mantenemos nuestros depósitos.
Qué productos financieros hemos contratado.
Qué parte de nuestros recursos está cubierta por las garantías aplicables.
Qué inversiones presentan restricciones de liquidez.
Qué documentación necesitamos conservar.
No se trata de recomendar que todo el mundo distribuya su dinero entre varias entidades ni de establecer una fórmula universal de porcentajes.
Se trata de evitar que una familia concentre recursos sin conocer los riesgos que está asumiendo.
La diversificación de la custodia puede ser una herramienta útil, pero debe analizarse considerando los costes, la disponibilidad, las garantías, la naturaleza de los productos y la solidez de las entidades.
Tener cinco cuentas no significa necesariamente tener cinco protecciones independientes.
Y tener una aplicación diferente tampoco significa que el dinero esté custodiado por una entidad diferente.
6. Doce preguntas que conviene hacerse antes de decidir qué hacer con nuestros ahorros
La experiencia de Paraguay, junto con lo ocurrido en Costa Rica durante 2024, nos permite proponer un pequeño ejercicio de educación patrimonial.
No pretende sustituir una evaluación profesional. Su finalidad es ayudar a identificar aspectos que muchas veces pasan inadvertidos.
1. ¿Sabemos quién recibe realmente nuestro dinero?
¿Conocemos la razón social, la naturaleza jurídica y la situación regulatoria de nuestra entidad financiera?
2. ¿Conocemos la cobertura de nuestros depósitos?
¿Sabemos cuáles de nuestros productos están protegidos y cuál es el límite aplicable?
3. ¿Mantenemos más de ₡6 millones en una entidad privada o cooperativa comprendida en el régimen?
¿Hemos calculado qué parte de nuestros depósitos elegibles excede la cobertura legal?
4. ¿Sabemos si nuestra entidad mantiene operaciones crediticias con empresas vinculadas a sus propietarios?
¿Conocemos los mecanismos de control y transparencia aplicables?
5. ¿Conocemos a las autoridades que supervisan nuestro sistema financiero?
¿Sabemos qué funciones corresponden al BCCR, al CONASSIF y a SUGEF?
6. ¿Sabemos dónde se invierten los recursos de nuestros fondos de pensiones?
¿Distinguimos las reservas de la CCSS de los recursos administrados por los fondos de pensiones complementarias y sus respectivas carteras de inversión?
7. ¿Hemos comprobado qué autorización tiene nuestra fintech?
¿Está supervisada para la actividad que realiza o simplemente registrada para otra actividad?
8. ¿Qué ocurriría si mañana no pudiéramos acceder a nuestra aplicación bancaria durante 48 horas?
¿Tenemos liquidez alternativa, medios de pago y documentación para acreditar nuestros recursos?
9. ¿Conocemos las consecuencias de una eventual modificación de la garantía estatal de los bancos públicos?
¿Distinguimos el régimen actual de las reformas legislativas propuestas?
10. ¿Qué aprendimos de Coopeservidores y Desyfin?
¿Hemos revisado la distribución de nuestros depósitos y las condiciones de protección aplicables?
11. ¿Nuestra familia tiene una política escrita de custodia, liquidez y diversificación?
¿Hemos definido quién puede acceder a los recursos, qué información debe conservarse y cómo actuar ante una emergencia?
12. ¿Estamos dispuestos a sacrificar parte del rendimiento potencial para comprender mejor los riesgos que asumimos?
¿Elegimos nuestros productos exclusivamente por la tasa de interés o también consideramos solvencia, liquidez, cobertura, costes y seguridad jurídica?
Si no podemos responder estas preguntas, no significa que hayamos cometido un error. Significa que tenemos una oportunidad de aprender antes de tomar nuevas decisiones.
7. El patrimonio familiar no termina en la cuenta bancaria
En Las Crónicas del Capital Familiar trabajamos con una visión que va más allá de los saldos bancarios y las inversiones.
La salud integral del capital familiar requiere comprender cuatro pilares que se relacionan entre sí:
Protección jurídica: saber quién es propietario de los activos, cómo están estructurados y qué derechos y obligaciones existen.
Orden contable y fiscal: mantener información fiable, documentación adecuada y una comprensión clara de las obligaciones correspondientes.
Inversiones: identificar los instrumentos, los riesgos, la liquidez, las jurisdicciones y la relación entre los recursos y los objetivos familiares.
Seguros: evaluar qué riesgos pueden transferirse y qué contingencias deben cubrirse mediante mecanismos de protección.
La custodia del dinero atraviesa los cuatro pilares.
Una familia puede tener inversiones rentables y, sin embargo, carecer de una política de liquidez. Puede disponer de varias cuentas y desconocer qué garantías cubren sus depósitos. Puede tener una estructura jurídica compleja y no contar con un procedimiento para que los herederos accedan a la información necesaria.
La educación patrimonial intergeneracional consiste, precisamente, en anticipar esas situaciones.
No basta con acumular activos. Hay que comprenderlos, protegerlos, administrarlos responsablemente y transmitir a la siguiente generación los conocimientos necesarios para conservarlos.
Por eso, cuando una familia no dispone de los conocimientos suficientes para evaluar una entidad financiera, un producto de inversión o una operación patrimonial, lo razonable es solicitar asesoramiento profesional independiente y debidamente acreditado.
La decisión de contratar, invertir o trasladar recursos debe responder a las circunstancias particulares de cada familia. Ningún artículo general puede sustituir ese análisis.
8. Una reflexión para Costa Rica y para Hispanoamérica
Lo ocurrido en Paraguay no demuestra que los sistemas financieros de la región estén a punto de colapsar.
Tampoco significa que debamos desconfiar de todas las entidades financieras, cooperativas, bancos públicos, bancos privados o plataformas tecnológicas.
Pero sí demuestra que el tamaño de una institución, su popularidad, su crecimiento comercial y la sofisticación de sus servicios no garantizan por sí solos su solvencia.
Costa Rica tiene instituciones, leyes y mecanismos de supervisión que merecen ser reconocidos. También tiene experiencias recientes que obligan a continuar mejorando la transparencia, la prevención de riesgos, la capacidad de resolución y la información que reciben los depositantes.
En otros países de Hispanoamérica, las coberturas, las autoridades supervisoras y los mecanismos de protección son diferentes. Por eso, cada ahorrante debe investigar las normas de su propia jurisdicción, sin trasladar automáticamente las cifras o garantías costarricenses a otro país.
La responsabilidad de conocer las reglas no corresponde exclusivamente a los gobiernos, los bancos centrales o las entidades financieras.
También corresponde a quienes depositamos nuestro dinero.
Y esa responsabilidad se vuelve especialmente importante cuando recibimos ingresos extraordinarios.
Un aguinaldo puede gastarse en pocos días. Un bono puede desaparecer entre compromisos pendientes. Las utilidades de una empresa pueden distribuirse sin una planificación adecuada.
Pero el conocimiento adquirido para proteger esos recursos puede acompañar a una familia durante generaciones.
En Paraguay, la resolución de una entidad financiera nos recuerda que la confianza necesita fundamentos.
En Costa Rica, las experiencias de 2024 nos recuerdan que ningún sistema está libre de riesgos.
Y en Hispanoamérica, donde millones de familias están tomando decisiones sobre sus ahorros, inversiones y patrimonio, necesitamos fortalecer una cultura que no se limite a preguntar cuánto podemos ganar.
También debemos preguntar cuánto podemos perder, qué protección tenemos y qué debemos hacer si las circunstancias cambian.
Porque no existe una inversión adecuada para todas las familias, ni una entidad financiera que deba recibir nuestra confianza sin que comprendamos previamente sus condiciones.
La pregunta no es solamente dónde está nuestro dinero.
La pregunta es quién lo custodia, bajo qué reglas, con qué garantías y qué ocurriría si mañana no pudiéramos disponer de él.
Para cerrar
En Las Crónicas del Capital Familiar defendemos una convicción:
El patrimonio que se construye con esfuerzo merece ser protegido con conocimiento.
Y ese conocimiento no debe reservarse para quienes poseen grandes fortunas.
Debe estar al alcance de cualquier persona que trabaja, ahorra, emprende, invierte y desea transmitir algo más que dinero a sus hijos y nietos.
Porque el verdadero legado también está formado por las decisiones que aprendemos a tomar y por los errores que conseguimos evitar.
Seguimos aprendiendo, escribiendo y haciendo preguntas.
Porque el conocimiento también es un patrimonio.
Rafael A. Vilagut
Autor · Educador Patrimonial Intergeneracional · Innovador Financiero
Arquitecto de Las Crónicas del Capital Familiar
Referencias documentales y bibliográficas
Paraguay
Banco Central del Paraguay (BCP). Comunicaciones oficiales del 2 y 3 de noviembre de 2026 sobre el procedimiento de resolución de ueno bank.
Banco Central del Paraguay. Marco normativo del régimen de resolución de entidades financieras y del Fondo de Garantía de Depósitos.
FIX SCR. Informe de calificación de ueno bank, noviembre de 2026.
Reuters y Associated Press. Cobertura informativa de la resolución de ueno bank, los fondos públicos comprometidos y las investigaciones relacionadas con la entidad, noviembre de 2026.
Costa Rica
Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, Ley 1644, especialmente artículo 117.
Ley 9816, Ley de Creación del Fondo de Garantía de Depósitos y de Mecanismos de Resolución de los Intermediarios Financieros.
Banco Central de Costa Rica (BCCR). Información institucional y documentación sobre el Fondo de Garantía de Depósitos, patrimonio y objetivos de acumulación.
Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF). Resoluciones y comunicaciones sobre los procesos de resolución de Coopeservidores R.L. y Financiera Desyfin S.A.
Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF). Informes de supervisión y documentación relacionada con la situación financiera de las entidades intervenidas y resueltas.
Asamblea Legislativa de Costa Rica. Expediente legislativo 24.256 y documentación de su tramitación.
Leyes y normativa costarricense sobre intermediación financiera, cooperativas de ahorro y crédito y protección de depósitos.
Las cifras y circunstancias relativas a ueno bank corresponden a acontecimientos de noviembre de 2026 y deben entenderse dentro del estado de la información disponible a la fecha de elaboración. Las investigaciones y procedimientos administrativos, judiciales y políticos pueden experimentar cambios. Las cifras sobre el Fondo de Garantía y el estado del expediente legislativo deben cotejarse con las publicaciones oficiales vigentes en la fecha de publicación.
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Advertencia: Este artículo tiene finalidad educativa e informativa. No constituye asesoramiento financiero, legal, fiscal, recomendación de inversión ni instrucción para retirar o trasladar depósitos. Cada persona y familia debe evaluar su situación particular y recurrir a profesionales debidamente acreditados cuando lo necesite.
FINANZAS FELICES
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La reciente resolución de ueno bank en Paraguay y las experiencias de Coopeservidores y Financiera Desyfin en Costa Rica nos recuerdan una lección importante: el crecimiento de una entidad financiera, su popularidad o la sofisticación de su tecnología no garantizan, por sí solos, su solvencia ni la seguridad de nuestros ahorros.
Ahora que se aproxima el pago del aguinaldo en Costa Rica y que miles de familias reciben bonos, utilidades y otros ingresos extraordinarios en Hispanoamérica, conviene detenernos y formular algunas preguntas:
¿Quién recibe realmente nuestro dinero? ¿Qué entidad lo supervisa? ¿Qué cobertura tienen nuestros depósitos? ¿Qué sucede si mañana no podemos acceder a nuestros recursos?
En este nuevo artículo de Las Crónicas del Capital Familiar examinamos las experiencias de Paraguay y Costa Rica, el alcance del Fondo de Garantía de Depósitos y las diferencias entre bancos, cooperativas, financieras y plataformas tecnológicas.
Además, proponemos doce preguntas para revisar nuestros ahorros y fortalecer la protección del patrimonio familiar.
Porque no se trata de desconfiar de todas las instituciones financieras, sino de aprender a identificar los riesgos antes de tomar decisiones.
El patrimonio que se construye con esfuerzo merece ser protegido con conocimiento.
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Seguimos aprendiendo, escribiendo y haciendo preguntas.
Porque el conocimiento también es un patrimonio.
Rafael A. Vilagut
Autor · Educador Patrimonial Intergeneracional · Innovador Financiero
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Contacto: rafaelvilagut@gmail.com
WhatsApp: +506 6286-7655 · Costa Rica
San José de Costa Rica viernes 06 de noviembre de 2026
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