Respuesta del Rector de la UCR a Pretensiones de los venezolanos ofendidos. Consejo Universitario aprueba voto de censura contra exrector Henning Jensen

Siguen las noticias sobre el reinado de 8 años del Señor Jensen en la UCR; primero les comunico la respuesta del Rector Transitorio a los ofendidos venezolanos, luego les comento sobre el caso de censura.

En otras épocas cuando se hacia una denuncia se investigaba más si ha sido admitida por los tribunales, así que el Dr. Carlos Araya Leandro tomó la via de ser cómplice de Jensen en todos los delitos denunciados contra la comunidad de venezolanos de grado, pregrado, posgrado y Programa PIAM de la UCR en Costa Rica.

Consejo Universitario aprueba voto de censura contra exrector Henning Jensen, era de esperar Jensen cometió muchos delitos durante su reinado.

En 2018 Jensen desobedeció a los magistrados de la Sala Constitucional, quien le solicitaron que yo participara con una charla en el Foro Institucional de la UCR sobre las finanzas universitarias, se comienza a destapar la olla de todos los guisos del Señore Jensen y su red de funcionarios corruptos a los cuales se suma publica y notoriamente el Dr. Carlos Araya Leandro.

A continuación la noticia de hoy en Semanario Universidad, SIC...   

"El Consejo Universitario (CU) de la Universidad de Costa Rica (UCR) aprobó este martes 2 de junio un voto de censura en contra del exrector Henning Jensen Pennington.

La medida se tomó para «reprochar y censurar» la actuación de Jensen cuando ordenó que se utilizara el mecanismo de «financiamientos transitorios» de manera improcedente, con el fin de realizar pagos a un fideicomiso con el Banco de Costa Rica, correspondiente al edificio de la Facultad de Odontología, explicó Madeline Howard, directora del órgano.

El dictamen indica que «el procedimiento seguido por la Administración para cancelar el Fideicomiso con el Banco de Costa Rica, correspondiente al edificio de la Facultad de Odontología, se efectuó en desapego a la normativa institucional y nacional». Además reitera la potestad del Consejo Universitario de velar porque la casa de enseñanza «lleve a cabo las acciones pertinentes para que se cumpla con la normativa universitaria en este tipo de procesos».

En 2018 la administración realizó dos movimientos presupuestarios de más de ¢7.200 millones, que se rebajaron de la cuenta “Fondos del Sistema, Programa de Dirección Superior” y se sumaron a la cuenta “Fondo especial para atender necesidades institucionales”, específicamente a partidas de amortización de préstamos, lo que es contrario a la normativa.

Adicionalmente, estos pagos se realizaron antes de que se aprobara en el Consejo Universitario la modificación presupuestaria que incluía los movimientos, irrespetando así las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público de la Contraloría General de la República.

La administración Jensen justificó esta medida en un acuerdo del CU en que se le instaba a analizar la posibilidad de destinar los eventuales superávits libres para realizar pagos adelantados a este fideicomiso para garantizar mayor liquidez a la institución. El voto de censura hace énfasis en que la instrucción fue analizar, y no ejecutar sin previa autorización.

Howard indicó que este voto de censura se aprobó pues no correspondía una llamada de atención porque no hay subordinación laboral y porque Jensen se acogió a su pensión en marzo como se acogió la jubilación el pasado 4 de mayo. Así, se acordó usar este voto de censura como una medida fuerte de «censura y reproche» por las acciones anómalas realizadas por la administración, reiteró.

La moción fue aprobada con diez votos a favor y uno en contra, del actual rector Carlos Araya, quien según Howard defendió la actuación del exrector. El Dr. Rodrigo Carboni estuvo ausente de la sesión.

La directora del CU indicó que a pesar de que no solamente Jensen estuvo involucrado en la aplicación de este mecanismo, se acordó no sancionar a otras personas funcionarias pues estas actuaron bajo órdenes del rector.

Esta es la primera vez en la historia de la Universidad de Costa Rica que se aprueba un voto de censura contra una persona que haya ostentado el cargo de rector o rectora."

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Lucem Aspicio: el Dr. Carlos Araya hereda graves denuncias por PREVARICATO de estudiantes ofendidos por funcionarios de la UCR desde 2015 hasta 2020.

Rector Transitorio UCR Dr. Carlos Araya Leandro hereda graves denuncias por PREVARICATO/OTROS DELITOS de estudiantes venezolanos ofendidos por funcionarios de la UCR desde 2015 hasta 2020. San José de Costa Rica, primero de junio de 2020, por MBA Rafael A. Vilagut.

Los pasillos de la UCR sus jardines, sus aulas están vacíos. Muchos despachos están cerrados al público como la Vicerrectoría de Docencia, con horarios restringidos o el Decanato de Estudios de Posgrado SEP, cerrados hoy lunes 1 de junio de 2020. Pareciera cada día mas lejos de cumplir con el ideal de crear "una universidad para el bien de todos los jóvenes de entonces y del futuro de la patria".

Eso no impidió que se interpusieran hoy dos muy serias peticiones al Rector Transitorio, Dr. Carlos Araya Leandro de la vacante que dejó el Señor Henning Jensen Pennington y la falta de elecciones debido a la crisis sanitaria, financiera, económica y sobre todo de valores que vive la Universidad de Costa Rica, institución Benemérita de la Patria, de la educación superior costarricense, fundada el 26 de agosto de 1940 mediante la Ley de la República Nº 362 por Luis Demetrio Tinoco Castro y cuyo lema es Lucem Aspicio «En busca de la luz».

El oficio con firma digital, enviado por correo electrónico de uno de los ofendidos un estudiante doctoral expulsado del posgrado centroamericano de historia sin el debido proceso en 2017 al 2020, y afectado personalmente por una cuantía estimada de CIEN MIL DOLARES ESTADOUNIDENSES, solicitaba, SIC:

"Guayabos de Curridabat lunes primero de junio de 2020.
Señores
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Rector interino, presente
Asunto: Peticiones varias urgentes caso PREVARICATO DEL SEÑOR JENSEN EN TRIBUNALES.
Estimado Rector interino y autoridades universitarias, Contralor Universitario, Secretaría de DDHH de la URC, Vicerrector de Investigación, Vicerrectores y vicerrectoras, Decano del Sistema de Posgrado, Fundación de la Universidad de Costa Rica, Coordinadora del Programa PIAM, Coordinador y Comisión del Posgrado en Historia, su resolución del 28-2020 (del 14 de mayo 2020) y oficio PPH-091-2020 del 26 de mayo de 2020. He sido estudiante regular de la Universidad Simón Bolívar USB, Universidad del Zulia LUZ, el Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA en Venezuela; de la Universidad de Carleton en Canadá, de la Universidad de Georgia Tech en los Estados Unidos, de la Universidad de Oxford en el Reino Unido y de la Universidad de Costa Rica, la más prestigiosa de la región del SICA. Con la resolución PPH-091-2020 firmada por Dr. William Anthony Goebel Mc Dermontt, y avalada por prestigiosos Doctores costarricenses, hondureños, alemanes, que han sido mis maestros en el doctorado y el proyecto Historia Empresarial de Costa Rica, así como las resoluciones tomadas en la Rectoría, en la Oficina Legal, en el PIAM y en todas las vicerrectorías, se ha ocasionado un daño que aún no ha sido reparado a cientos de venezolanos y venezolanas y sus familias que también pertenecen a la comunidad de la UCR. Estos daños estimados a grosso modo en CINCO MILLONES DE DOLARES a cientos de estudiantes extranjeros de la UCR y en CIEN MIL DOLARES a mi familia, venezolana, costarricense, española, no han sido resueltos ni mucho menos reparados, a la fecha y hora de esta petición. De la forma más amable solicito al Rector o quien cumpla sus funciones, que PETICIÓN UNO: deje sin efecto la resolución PPH-091-2020 y PETICIÓN DOS: repare el daño a los venezolanos y venezolanas estudiantes de grado, pregrado, posgrado y Programa PIAM que han salido muy perjudicados material y moralmente por hechos delictivos y dolosos cometidos por funcionarios de la UCR desde 2015 hasta mayo del 2020. Para notificaciones únicamente el correo institucional rafael.vilagut@ucr.ac.cr que debería funcionar pero que la Coordinadora del PIAM y el Rector han inhabilitado muchas veces, para amedrentarme y causarme más daños. Es justicia que pedimos a gritos, con copia a la DHR, la CGR, la Presidencia de la Asamblea Legislativa, la Presidencia del Poder Judicial, la Presidencia de la República de Costa Rica, la Fiscal General Emilia Navas Aparicio a Semanario Universidad y toda la prensa, radio y televisión de la región SICA y de Venezuela y España. Firmado digitalmente en Guayabos de Curridabat el primero de junio de dos mil veinte. Dispone del plazo legal según normativa de diez días hábiles del recibido de estas peticiones para dar respuesta que solicito muy amablemente sea de forma CERTIFICADA Y FOLIADA por quien competa. Muchas gracias por su amable atención y éxitos en su gestión.
Rafael Alberto Vilagut Vega, carne B69185.
ORIGINAL CON FIRMA DIGITAL ANEXO; CONFIRMAR RECIBIDO."

El Dr. Carlos Araya Leandro tiene la oportunidad de hacer brillar de nuevo a la institución, reparar el daño y sufrimiento causado a cientos de venezolanos y sus familias por la inaplicación de un Convenio Internacional vigente con Venezuela de vieja data, 1966, el cual fue refrendado por sendas Asambleas Legislativas, o de pasar a ser cómplice de su antecesor.

Costa Rica está en crisis como bien señala en el artículo de opinión publicado en La Nación página 25, “De crisis en crisis” el Dr. David Díaz Arias, uno de los principales implicados en la expulsión sin pruebas ni motivos del estudiante costarricense, español y venezolano en retaliación por haber denunciado al Señor Jensen, al decano de Estudios de posgrado, y a las autoridades de la UCR por PREVARICATO, ABUSO DE AUTORIDAD, IMCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES, TRÁFICO DE INFLUENCIAS, incumplir Ley 3740 del 16 de agosto de 1966 (publicada 19/08/1966 gaceta 186), incumplir el Estatuto Universitario.

Omite mencionar el director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central CIHAC, que una de las mayores crisis que vivimos en este país, es la de educación, y en especial, la de educación superior que cada día consume más recursos, pero gradúa menos gente, menos preparada y en áreas que no son las que necesita el país.

Por dicha en Costa Rica, hay mentes brillantes como la del Asesor del MEP Dr. Alejandro López Solórzano, que recientemente publicó en Semanario Universidad, el uso de la tecnología de blockchain (Bitcoin) en la educación y que reseñamos en FELIZ Y SALUDABLE, tema del cual no se ha discutido nada en la UCR ni en las universidades públicas de CONARE; a excepción de la charla informativa del 26 de febrero de 2020, dictada por Rafael A. Vilagut Vega en la biblioteca Luis Demetrio Tinoco.

Los afectados venezolanos y sus familias o representantes y la prensa local e internacional pueden indagar sobre este caso en los siguientes despachos: Rectoría referencia Externo-R-1129-2020, teléfono 2511-1250, en la Oficina Jurídica teléfono 2511-1700, en la Fundación de la UCR FUNDEVI teléfono 2511-1777, en el Despacho del Contralor Universitario referencia OCU-0812-2020 teléfono 2511-1418 y en el Consejo Superior Universitario referencia Externo-CU-404-2020 teléfono 2511-1300. También en Fiscalía Adjunta de Probidad Transparencia y Anticorrupción (Fapta) expediente 17-002170-0175-PE o llamar a la Señora Emilia Navas Aparicio, Fiscal General de la República, quien en 2019 acudió a la graduación de su hijo en la 50 promoción del INCAE con numerosos extranjeros de familias adineradas, pero muy poco le preocupan los estudiantes extranjeros de posgrado de la UCR que han sido víctimas de un sistema legal, policial y de justicia, que funciona mucho peor que la educación superior.

Preguntas y comentarios por Telegram o WhatsApp +506 8320 6097 Costa Rica. Disponible el original del expediente 17-002170-0175-PE de más de 10.000 planas de pruebas contundentes contra funcionarios corruptos de la UCR, para quien desee consultarlo, analizarlo o escribir una novela.