San José 15 de octubre de 2021, Costa Rica, América Central. Por Magister en Finanzas Públicas Municipales y Estudiante Doctoral de la Carrera de Historia de la UCR.
Decida usted lector o lectora ¿Qué despacho de la Universidad de Costa Rica UCR es más corrupto? Según el Diccionario usual del Poder Judicial de Costa Rica, obstrucción a la justicia significa: “Uso de fuerza física, amenazas, intimidación, promesa, ofrecimiento o concesión de un beneficio indebido para inducir a un falso testimonio, obstaculizar la prestación de un testimonio o la aportación de pruebas. || Uso de fuerza física, amenazas o intimidación para obstaculizar el cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario de la justicia o de los servicios encargados de hacer cumplir la ley.”
Los Directores del Posgrado Centroamericano de Historia y del Centro de Investigaciones Históricas de América Central no se conforman con no cumplir con todo el Articulado de la Ley vigente 3740 suscrita con Venezuela desde 1966, ni de cumplir con los Artículos de la Constitución Política de la República de Costa Rica como los de respetar los plazos para entregar información, con el oficio PPH-161-2021 ha quedado en evidencia que la Red de corrupción, gánsteres universitarios de cuello blanco, que inicio el Señor Jensen con la contratación de su hija y una larga lista, continuó con el Rector de Transición en 2020 Carlos Araya Leandro, ha encontrado un caldo de cultivo en la administración del Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta este 2021, quien en lugar de estar opinando de temas que no conoce como del petróleo y exploración petrolera, o de asuntos políticos como la promoción del Instituto Confucio, brazo del PCCh, en los videos institucionales, debería estar controlando mejor que despachos no siguen la normativa universitaria, ni utilizan los sistemas de gestión de documentos.
“La UCR vive semana de desconexión tecnológica” Esta semana hasta el 16 de octubre no hubo ni habrá clases en la UCR, ya que los profesores y estudiantes, dice el Vicerrector de Docencia, Dr. José Ángel Vargas Vargas, tienen estrés según VD-33-2021 del 23 de julio y VD-35-2021 del 30 de julio. Nos preguntamos si más estrés no tienen los estudiantes venezolanos que vieron truncada su carrera de grado o pregrado como mi sobrino Jorge que cursó un año de Odontología 2015 y se vio obligado a abandonar en 2016 por desaplicación de un convenio Ley vigente, o mi sobrino político arquitecto Andrés Leonardo quien no pudo continuar con su posgrado.
Cometiendo prevaricato y concusión por parte del ahora pensionado de lujo Señor Henning Jensen Pennington. Al Dr. Vargas Vargas le preocupa más la salud mental, que los graves problemas de corrupción que lo llevaron a ser candidato de rector en las últimas elecciones con el lema “Vamos a devolverle la esperanza a la UCR”. Ciertamente los venezolanos ofendidos por la UCR no hemos tenido las mismas oportunidades a las que aspiraba el Vicerrector de Docencia. ¿Dónde está el diálogo el respeto y la igualdad como pilares en esta nueva etapa de nuestra universidad que nos vendió? Mejor deje los problemas de la salud de los estudiantes a los médicos y a la Facultad de Medicina.
El oficio PPH-161-2021 comienza muy mal, no identifica número de cédula, carne ni correo electrónico del destinatario. Los directores de la Carrera Doctorado en Historia, y del CIHAC, no tienen la menor idea de lo que es foliar, o certificar un documento, pese que en el mismo piso en la Ciudad de la Investigación están las oficinas de la Carrera y Bachillerato de Archivística. Confunde el Dr Goebel, lo que es un documento con firma digital a lo que es un documento certificado por la institución.
En la página 2, quien suscribió el oficio antes referido escribe mal el nombre de una profesora académica que además pertenece a la Comisión del Posgrado de Historia, como lo es Elizet Payne Iglesias, la bautizan como “Elizabet” Payne, siendo el nombre del registro civil MARIA ELIZETH PAYNE IGLESIAS, costarricense por naturalización. ¿Qué se puede esperar de un director que no sabe identificar a un alumno y que tampoco sabe escribir el nombre de una persona que ve casi todos los días y pertenece a su equipo de docentes? Se suponía que ese Señor sería el tutor de mi proyecto de investigación La Historia Empresarial del Petróleo en Costa Rica.
Lleno de falacias, falsos testimonios y opiniones que no tienen nada que ver con la búsqueda de la verdad a la que somos llamados los historiadores, o al menos a imaginarnos algo que se acerque a la verdad de un hecho histórico. En la Universidad de Costa Rica se está escribiendo buena parte de la historia de la corrupción en la educación superior en América Latina y El Caribe.
La no entrega del expediente estudiantil, solicitado antes de la pandemia, la eliminación de mi cuenta institucional de correo electrónico rafael.vilagut@ucr.ac.cr los falsos testimonios que enviaron varios docentes a la Sala Constitucional para defender a la profesora que me humilló en la clase inaugural del Seminario Doctoral III, frente de todos los compañeros doctorandos de la promoción IX, configuran claramente obstrucción a la justicia.
Mientras a los costarricenses de bachillerato y posgrado de historia se les permitía asistir a clases como oyentes, como fueron tres estudiantes en un curso anterior que matriculé precisamente con la Dra. que me humillo de forma pública, tampoco se me permitió asistir a ningún curso de ninguna manera, sin que la normativa universitaria expresamente lo prohíba.
Desde el Posgrado Centroamericano de Historia y el Instituto de Investigaciones Históricas de América Central, se me negó la Beca que indica el Convenio Ley 3740, de Excelencia por tener un promedio de 9.0 en el 1 ciclo de 2016, la Beca de ayuda Social para estudiantes y familias que lo acrediten, las horas de asistencia, y se me recomendó que pagara la matrícula con la tarjeta de crédito.
Unilateralmente los doctores académicos de Historia de la UCR también decidieron que el curso de doctorado no admite estudiantes del Programa PIAM, sin que haya ninguna norma que soporte esta argumentación, más bien debería ser un orgullo que una persona mayor de 50 años desee aprender junto con las que se suponen son las mentes más brillantes de este hermoso país.
La sanción por un proceso viciado fue desproporcionada, ya que de facto perdí el 1er y segundo semestre del 2017, me sancionaron seis meses en 2018, pero seguía inactivo en el 2019, por lo que no pude hacer la prematricula en el 1er ciclo del 2019, y para el 2 ciclo del 2019 me separaron unilateralmente del programa.
Hoy escribí un correo de inconformidad a muchos despachos y los únicos que hicieron acuse de recibido fueron los amigos de la Contraloría Universitaria según el número 1866 a las 15:49, la oficina del Rector, miembros del Consejo Universitario, Decano del SEP, Vicerrectores de Docencia y de Investigación optaron por no hacer acuse de recibido como es la norma.
Si hay justicia, además de un escrito de perdón desde el decanato de Estudios de Posgrado, la Vicerrectoría de Docencia y de Investigación, también la de Acción Social, y el despacho del Rector, deben reparar el gran daño que han hecho no a una persona sino a la institucionalidad y a la reputación de una institución como la Universidad de Costa Rica.
Los historiadores docentes de la UCR ocupan varios roles, de actores, de delincuentes, de cómplices y de víctimas. A las pruebas me remito más de 3.000 folios entregados 15 de octubre a las 15:00 en la Sala Constitucional, por un Recurso de Amparo en trámite numero 21-020199-0007-CO Costa Rica, Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, Sabana Sur.
rafaelvilagut@gmail.com
Los Directores del Posgrado Centroamericano de Historia y del Centro de Investigaciones Históricas de América Central no se conforman con no cumplir con todo el Articulado de la Ley vigente 3740 suscrita con Venezuela desde 1966, ni de cumplir con los Artículos de la Constitución Política de la República de Costa Rica como los de respetar los plazos para entregar información, con el oficio PPH-161-2021 ha quedado en evidencia que la Red de corrupción, gánsteres universitarios de cuello blanco, que inicio el Señor Jensen con la contratación de su hija y una larga lista, continuó con el Rector de Transición en 2020 Carlos Araya Leandro, ha encontrado un caldo de cultivo en la administración del Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta este 2021, quien en lugar de estar opinando de temas que no conoce como del petróleo y exploración petrolera, o de asuntos políticos como la promoción del Instituto Confucio, brazo del PCCh, en los videos institucionales, debería estar controlando mejor que despachos no siguen la normativa universitaria, ni utilizan los sistemas de gestión de documentos.
“La UCR vive semana de desconexión tecnológica” Esta semana hasta el 16 de octubre no hubo ni habrá clases en la UCR, ya que los profesores y estudiantes, dice el Vicerrector de Docencia, Dr. José Ángel Vargas Vargas, tienen estrés según VD-33-2021 del 23 de julio y VD-35-2021 del 30 de julio. Nos preguntamos si más estrés no tienen los estudiantes venezolanos que vieron truncada su carrera de grado o pregrado como mi sobrino Jorge que cursó un año de Odontología 2015 y se vio obligado a abandonar en 2016 por desaplicación de un convenio Ley vigente, o mi sobrino político arquitecto Andrés Leonardo quien no pudo continuar con su posgrado.
Cometiendo prevaricato y concusión por parte del ahora pensionado de lujo Señor Henning Jensen Pennington. Al Dr. Vargas Vargas le preocupa más la salud mental, que los graves problemas de corrupción que lo llevaron a ser candidato de rector en las últimas elecciones con el lema “Vamos a devolverle la esperanza a la UCR”. Ciertamente los venezolanos ofendidos por la UCR no hemos tenido las mismas oportunidades a las que aspiraba el Vicerrector de Docencia. ¿Dónde está el diálogo el respeto y la igualdad como pilares en esta nueva etapa de nuestra universidad que nos vendió? Mejor deje los problemas de la salud de los estudiantes a los médicos y a la Facultad de Medicina.
El oficio PPH-161-2021 comienza muy mal, no identifica número de cédula, carne ni correo electrónico del destinatario. Los directores de la Carrera Doctorado en Historia, y del CIHAC, no tienen la menor idea de lo que es foliar, o certificar un documento, pese que en el mismo piso en la Ciudad de la Investigación están las oficinas de la Carrera y Bachillerato de Archivística. Confunde el Dr Goebel, lo que es un documento con firma digital a lo que es un documento certificado por la institución.
En la página 2, quien suscribió el oficio antes referido escribe mal el nombre de una profesora académica que además pertenece a la Comisión del Posgrado de Historia, como lo es Elizet Payne Iglesias, la bautizan como “Elizabet” Payne, siendo el nombre del registro civil MARIA ELIZETH PAYNE IGLESIAS, costarricense por naturalización. ¿Qué se puede esperar de un director que no sabe identificar a un alumno y que tampoco sabe escribir el nombre de una persona que ve casi todos los días y pertenece a su equipo de docentes? Se suponía que ese Señor sería el tutor de mi proyecto de investigación La Historia Empresarial del Petróleo en Costa Rica.
Lleno de falacias, falsos testimonios y opiniones que no tienen nada que ver con la búsqueda de la verdad a la que somos llamados los historiadores, o al menos a imaginarnos algo que se acerque a la verdad de un hecho histórico. En la Universidad de Costa Rica se está escribiendo buena parte de la historia de la corrupción en la educación superior en América Latina y El Caribe.
La no entrega del expediente estudiantil, solicitado antes de la pandemia, la eliminación de mi cuenta institucional de correo electrónico rafael.vilagut@ucr.ac.cr los falsos testimonios que enviaron varios docentes a la Sala Constitucional para defender a la profesora que me humilló en la clase inaugural del Seminario Doctoral III, frente de todos los compañeros doctorandos de la promoción IX, configuran claramente obstrucción a la justicia.
Mientras a los costarricenses de bachillerato y posgrado de historia se les permitía asistir a clases como oyentes, como fueron tres estudiantes en un curso anterior que matriculé precisamente con la Dra. que me humillo de forma pública, tampoco se me permitió asistir a ningún curso de ninguna manera, sin que la normativa universitaria expresamente lo prohíba.
Desde el Posgrado Centroamericano de Historia y el Instituto de Investigaciones Históricas de América Central, se me negó la Beca que indica el Convenio Ley 3740, de Excelencia por tener un promedio de 9.0 en el 1 ciclo de 2016, la Beca de ayuda Social para estudiantes y familias que lo acrediten, las horas de asistencia, y se me recomendó que pagara la matrícula con la tarjeta de crédito.
Unilateralmente los doctores académicos de Historia de la UCR también decidieron que el curso de doctorado no admite estudiantes del Programa PIAM, sin que haya ninguna norma que soporte esta argumentación, más bien debería ser un orgullo que una persona mayor de 50 años desee aprender junto con las que se suponen son las mentes más brillantes de este hermoso país.
La sanción por un proceso viciado fue desproporcionada, ya que de facto perdí el 1er y segundo semestre del 2017, me sancionaron seis meses en 2018, pero seguía inactivo en el 2019, por lo que no pude hacer la prematricula en el 1er ciclo del 2019, y para el 2 ciclo del 2019 me separaron unilateralmente del programa.
Hoy escribí un correo de inconformidad a muchos despachos y los únicos que hicieron acuse de recibido fueron los amigos de la Contraloría Universitaria según el número 1866 a las 15:49, la oficina del Rector, miembros del Consejo Universitario, Decano del SEP, Vicerrectores de Docencia y de Investigación optaron por no hacer acuse de recibido como es la norma.
Si hay justicia, además de un escrito de perdón desde el decanato de Estudios de Posgrado, la Vicerrectoría de Docencia y de Investigación, también la de Acción Social, y el despacho del Rector, deben reparar el gran daño que han hecho no a una persona sino a la institucionalidad y a la reputación de una institución como la Universidad de Costa Rica.
Los historiadores docentes de la UCR ocupan varios roles, de actores, de delincuentes, de cómplices y de víctimas. A las pruebas me remito más de 3.000 folios entregados 15 de octubre a las 15:00 en la Sala Constitucional, por un Recurso de Amparo en trámite numero 21-020199-0007-CO Costa Rica, Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, Sabana Sur.
rafaelvilagut@gmail.com
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