OEA más derechos para más gente.
Nuestro trabajo en la #UCR, en 60 segundos
¿Comisión de Delitos?
Por Rafael A. Vilagut Vega, Asesor Financiero Profesional e Independiente, estudiante doctoral de la UCR PPHIST-SEP, expulsado sin el debido proceso en 2016 por el Decano del Sistema de Estudios de Posgrado SEP, estudiante regular del PIAM desde 2012 hasta 2018.
Para Carlos Andrés Alvarado Quesada, presidente de la República de Costa Rica, Señora Epsy Campbell Barr, Canciller y vicepresidenta, Señora Emilia Navas Aparicio Fiscala General, Señor Fernando Cruz Castro, presidente del Poder Judicial, Jerarca de la Procuraduría de la Ética Pública, jefa de la Contraloría General de la República Señora Marta Acosta Zúñiga, (que depende de la Asamblea Legislativa presidida por Carolina Hidalgo Herrera) y comunidad universitaria de la UCR.
En un contexto de déficit fiscal fuera de control, muy poca credibilidad de las instituciones costarricenses, Dólar estadounidense disparado como cohete, próxima degradación de calidad de la deuda del país por Moody´s y otras agencias (bonos basura), denuncias de corrupción de la Cancillería de la República por nombramiento de familiares, amigos y relacionados, hoy domingo 4 de noviembre de 2018, en pleno uso de facultades mentales denuncio públicamente que la UCR ha emitido varios oficios, donde ilegalmente incumple con el mandato de los magistrados de la Sala Constitucional, para quien suscribe esta denuncia pública a vox Dei, pueda tener un informe COMPLETO, FOLIADO, Y SOBRETODO VERAZ (SIN ERRORES), sobre la Sostenibilidad Financiera del Fideicomiso BCR-UCR-2011, y además exponer mi punto de vista técnico-financiero y hallazgos, en el II Foro Institucional del 5, 6 y 7 de noviembre de 2018, https://www.ucr.ac.cr/foro-institucional.html#segundo_foro_2018
Para Carlos Andrés Alvarado Quesada, presidente de la República de Costa Rica, Señora Epsy Campbell Barr, Canciller y vicepresidenta, Señora Emilia Navas Aparicio Fiscala General, Señor Fernando Cruz Castro, presidente del Poder Judicial, Jerarca de la Procuraduría de la Ética Pública, jefa de la Contraloría General de la República Señora Marta Acosta Zúñiga, (que depende de la Asamblea Legislativa presidida por Carolina Hidalgo Herrera) y comunidad universitaria de la UCR.
En un contexto de déficit fiscal fuera de control, muy poca credibilidad de las instituciones costarricenses, Dólar estadounidense disparado como cohete, próxima degradación de calidad de la deuda del país por Moody´s y otras agencias (bonos basura), denuncias de corrupción de la Cancillería de la República por nombramiento de familiares, amigos y relacionados, hoy domingo 4 de noviembre de 2018, en pleno uso de facultades mentales denuncio públicamente que la UCR ha emitido varios oficios, donde ilegalmente incumple con el mandato de los magistrados de la Sala Constitucional, para quien suscribe esta denuncia pública a vox Dei, pueda tener un informe COMPLETO, FOLIADO, Y SOBRETODO VERAZ (SIN ERRORES), sobre la Sostenibilidad Financiera del Fideicomiso BCR-UCR-2011, y además exponer mi punto de vista técnico-financiero y hallazgos, en el II Foro Institucional del 5, 6 y 7 de noviembre de 2018, https://www.ucr.ac.cr/foro-institucional.html#segundo_foro_2018
Amparo 18-013802-0007-CO DENUNCIO comisión delito de desobediencia a la AUTORIDAD, las Autoridades de la Universidad de Costa Rica, Rector y CSU INPUNEMENTE en noviembre del 2018.
Denuncio que la Federación de Estudiantes FEDEU no ha atendido ninguna de mis denuncias ni ha respondido ninguna de mis peticiones desde el 2015 hasta el 2018. Ni lo ha hecho la Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Estudiantes de la UCR. ¿Cómo es posible que para unas cosas intervenga, como el caso de violación del espacio Sede Rodrigo Facio de la UCR meses pasados por OIJ, y para otras el presidente de la Federación UCR se mantenga al margen?
Denuncio que la Defensoría Estudiantil Universitaria DEFEUCR no ha atendido ninguna de mis peticiones ni respondido a mis oficios y mensajes por email y dejados en su despacho este año. El Decano de Derecho, Dr. Alfredo Chirino Sánchez, es el responsable académico de estos estudiantes y no ha contestado a mis peticiones nunca.
La Oficina Jurídica, presidida por Luis Baudrit Carrillo, incumpliendo la ley de petición y pronta respuesta ha estado al margen de los delitos -penados por la ley- presuntamente cometidos por el Rector, el Consejo Superior Universitario, OCU, OAF, Registro e Información y la OCU de prevaricato y desobediencia a los magistrados de la Sala Constitucional.
Denuncio que la oficina de contraloría universitaria está de adorno, lo mismo que todos los miembros del CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO de la UCR, ya que no han contestado a mis peticiones, y han sido indiferentes al dolor al sufrimiento y a la discriminación que hemos sido objeto los estudiantes venezolanos de la UCR de grado pregrado y posgrado y sus familias por el incumplimiento unilateral de la Ley 3740 desde el 2015 hasta la fecha por parte de la Vicerrectoría de Vida académica VIVE, la OAICE, la OAF y la Oficina de Registro e Información, pese a las demandas de la Defensoría de los Habitantes de la República y la Cancillería.
El Rector Jensen, presidente de la UDUAL, al ser un funcionario que constantemente está fuera de la Ley y de la Constitución Política de las leyes nacionales e internacionales, está siendo investigado en el expediente número: 17-002170-0175-PE que cumplió más de un año de las denuncias y declaraciones juradas de los múltiples afectados ofendidos venezolanos estudiantes de la UCR en una cuantía estimada en MIL MILLONES DE COLONES COSTARRICENSES y ha sido desatendido por los fiscales de Guadalupe y de San José, por Inspección Judicial y por la Contraloría de Servicios del Poder Judicial.
Se envía una copia de esta DENUNCIA PUBLICA Y NOTORIA a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos con Sede en San José y a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, para que tomen cartas en este delicado asunto.
No es jugando los venezolanos y venezolanas, quienes somos protagonistas en el mayor movimiento migratorio de este siglo, estamos muriendo de inanición y en Costa Rica no tenemos protección alguna ni por el gobierno ni por la institución benemérita de la educación superior y la cultura, por tanto hay que concluir que en la Costa Rica del PAC no se verifica un Estado de Derecho.
Solicito a las autoridades nacionales e internacionales se abra con carácter de extrema URGENCIA y se complete una nueva investigación PENAL, CIVIL y ADMINISTRATIVA a las que están en curso y se sancione a los funcionarios públicos responsables.
Es todo, San José de Costa Rica, domingo cuatro de noviembre de dos mil diez y ocho.
rafael.vilagut@ucr.ac.cr
No hay comentarios:
Publicar un comentario