Los habitantes de Costa Rica nos preguntamos: ¿Y ahora quien podrá defendernos?

Esta semana fue interpelada la DHR en la AL, según Catalina Crespo la Educación es un servicio esencial, pero parece que eso aplica solo a los costarricenses, en la UCR los venezolanos y españoles ofendidos por el Rector desde 2014, no pueden acceder a la educación superior.

Los habitantes de Costa Rica nos preguntamos: ¿Y ahora quien podrá defendernos? 

La transparencia UCR-DHR ha quedado en entredicho 

por MBA Rafael A. Vilagut Vega, rafael.vilagut@ucr.ac.cr, San José de Costa Rica, América Central jueves 7 de marzo de 2019.

#DefensoríaParaTodasLasPersonas, #DigaNoAlaCorrupción, #ChamosPuraVida, #MovimientoNuevaVenezuela, #NoComaCuento

Aterricé desde Barcelona España en Costa Rica a finales del año 2008, era un sueño experimentar el día a día de este país, el cual conocí en diciembre de 1962 cuando vine por primera vez con nuestros padres que se conocieron en la UCR en la década de los años 50 y mis dos hermanas a visitar a nuestros abuelos maternos, cuyo hogar se situaba a escasas doscientas varas (era la medida que se usaba cuando conocí Costa Rica) al sur del Campus Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica, lugar que fue mi jardín de infancia durante vacaciones familiares en Costa Rica.  En ese bello lugar ponía barquitos de papel en los riachuelos y quebradas cristalinas que cruzaban los monumentales jardines, y visitábamos los volcanes Irazú y el Poás, nuestro abuelo el Profesor Jesús Vega, era director pensionado del Instituto Costarricense de Turismo, ITC, y conducía un viejo Toyota Corolla, nuestra abuela era maestra pensionada, la Niña Angélica Rodríguez, tesorera de una ONG en Barrio Pinto, mi tío Dr. Carlos E. Vega-Rodríguez, el Director de la Clínica Dr. Ricardo Jiménez Núñez, de la CCSS en Guadalupe y conducía un pequeño vehículo Datsun.

¡Cómo ha cambiado Costa Rica ahora surcada por 4x4, coches de super lujo y su costa pacífica plagada de pistas de aterrizaje clandestinas usadas por el narcotráfico! Conocida en otros tiempos como la Suiza Centroamericana, no ha dejado de burocratizarse año con año y con la misma velocidad de corromperse. Tomemos como ejemplo a una institución fundada el 10 de marzo de 1993, y que ha contribuido al estado de bienestar, así como a la paz social que por tantos años se vivió en una isla rodeada de guerras civiles, como lo era la Costa Rica de antaño. Me refiero a la Defensoría de los Habitantes de la República, DHR órgano de la Asamblea Legislativa y que solía desempeñar sus actividades con independencia funcional, administrativa y de criterio. Pareciera que la visión que se tuvo de la institución no fue suficiente para cumplir su misión, como se desprende de mi experiencia personal.

Muchos habitantes opinan y sienten como yo, que la estabilidad institucional de Costa Rica está sufriendo una grave crisis y está poniendo en riesgo los importantes avances en muchos indicadores alcanzados por Costa Rica, gracias a un inmenso esfuerzo de nuestros ancestros, de la iglesia católica, de todos los partidos políticos. ¿La solución? Seguramente hay muchas, pero a mi se me ocurre la modernización de la DHR, a fin de hacerla independiente de todos los poderes públicos y otras instituciones como la UCR que pudieran obstaculizar sus investigaciones por razones políticas o intereses oscuros. Se debe capacitar a todos los funcionarios públicos, en el Poder Judicial y la DHR, y en toda la administración que se encarga de perseguir y de neutralizar las redes de corrupción como la que existe actualmente en la UCR, dirigida magistralmente por el Rector Jensen, secundada por el Consejo Superior Universitario y su actual directora Señora Teresita Cordero, con el aval de la Contraloría Universitaria Señor Glenn Sittenfield, la Federación Estudiantil de turno, la Comisión de los DDHH de la Federación Estudiantil, la Defensoría Estudiantil Universitaria, las Vicerrectorías, los Decanatos, etc.

Con el material escrito, en audio, en video, que he recolectado como pruebas desde 2014 hasta 2019 y que está centralizado en medios digitales en el expediente causa penal 17-002170-0175-PE, fiscala auxiliar Licda Marjorie Seas Gutiérrez, en el cual el Señor Jensen es denunciado por PREVARICATO, unas 5,500 planas, se podría diseñar una disertación doctoral, escribir una novela de ficción para el publico latinoamericano, o hacer un film documental sobre las redes de corrupción en las universidades de CONARE y otras instituciones públicas como la Refinadora Costarricense de Petróleo, RECOPE y la fallida filial sino-costarricense SORESCO.

Como la vida es corta y el tiempo es oro, la opción que tomo -por ahora- es la de escribir este corto artículo y con eso mi granito de arena por el avance de Costa Rica como país mundialmente reconocido por la paz, la institucionalidad y la democracia. No dejemos de mirar en el espejo de Venezuela que en otros años tuvo instituciones y una sólida democracia y los indicadores de bienestar envidia de todo el subcontinente, y hoy es el enclave del narcotráfico, terrorismo, contrabando de gasolina, petróleo, oro, diamantes, incluso de coltán. ¿Cómo puede prevenirse de convertirse Costa Rica en la próxima Venezuela, Nicaragua o Cuba, si cada día las instituciones de este país y los partidos políticos están más desacreditados? O tal vez mejor seria reflexionar sobre las razones que podrían llevar a Costa Rica, a un próximo gobierno aún mas populista y más corrupto que el Partido de Acción Ciudadana, PAC.

La respuesta es muy fácil, por ciudadanos indiferentes, sin opinión propia que se entregan a las fake news fabricadas por el gobierno e instituciones corruptas como la UCR y funcionarios públicos que no cumplen su deber como la Fiscala General de la República, Señora Emilia Navas Aparicio, quien está siendo investigada por Inspección Judicial expediente causa disciplinaria 19-000249-0031-IJ, Inspectora Judicial Instructora Rosibel Lobo Zúñiga, la Defensora de los Habitantes Dra. Catalina Crespo Sancho a quien denunciamos el 7 de marzo de 2019 ante los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa por incumplimiento de funciones, el Rector de la Universidad de Costa Rica Dr. Henning Jensen Pennington, responsables inequívocos de que la Costa Rica del siglo XXI esté retrocediendo a pasos agigantados, en cuanto a competitividad, justicia social, inversión extrajera, igualdad para todos, etc.

En los cortos años que comencé hacer seguimiento a las denuncias judiciales contra el Señor Jensen, único Rector en toda la historia de la UCR no nacido en Costa Rica, y sin sangre costarricense en sus venas, viene a mi memoria, su destitución como Vicerrector de Investigación por oponerse a la transparencia de un préstamo del Banco Mundial en octubre de 2011, los artículos sobre el escándalo donde se acusaba Rector de la UCR por tráfico de influencias por nombramientos irregulares en el Centro Infantil Laboratorio de 2016, problemas con el sindicato SINDEU por denunciar convención colectiva, quejas de los vecinos de la Finca 3 por la construcción de la Facultad de Odontología sin existir el estudio de impacto ambiental en 2017, llamado de atención de la DHR a la UCR por no respetar un acuerdo con Venezuela, Ley 3740, también de 2017, estudiantes de ingeniería marina civil de la UCR quedaron en el limbo, en 2019 más adquisiciones de la UCR con sobreprecio. El funcionario público en entredicho, en lugar de ser investigado y sancionado, es premiado por sus pares latinoamericanos en 2017 con la Presidencia de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, UDUAL.ORG, y por sus pares costarricenses en 2018 con la presidencia del Consejo Nacional de Rectores, CONARE.

¿Qué hacia la Defensora de los Habitantes mientras el Rector Jensen hacia y deshacía en su enclave privado, en su finca privada, UCR? Una de las cosas en las cuales invertía recursos todo el Estado costarricense era en la Red Interinstitucional de Transparencia, la Red fue una herramienta que propuso la DHR para facilitar a los habitantes el acceso a la información relacionada con la administración de los recursos públicos, a través de su publicación en internet. La Red pretendía: garantizar el derecho humano y constitucional de acceso a la información; visibilizar la administración de los recursos públicos de forma actualizada, comprensible y transparente; promover la participación ciudadana y la rendición de cuentas; recuperar la confianza de los habitantes en las instituciones públicas y prevenir actos de corrupción.

El resultado, todo lo contrario, el caso de violación de los DDHH en la Universidad de Costa Rica desde 2014 hasta 2019 por incumplimiento unilateral de la Ley 3740 conocida como Acuerdo de Intercambio Cultural entre las Repúblicas de Venezuela y de Costa Rica, denuncias de corrupción contra la ex Canciller y Vice presidenta de Costa Rica, doña Epsy Campbell Barr, el caso emblemático a nivel mundial de tomar el control de la Embajada en Costa Rica y la expulsión de la embajadora especial interina enviada a Costa Rica por el Presidente (e) de Venezuela Juan Guaidó, Señora María Alejandrina Faria Faria de García de la Embajada de Venezuela en los Yoses en febrero de 2019 por la administración del Periodista y Master en Ciencias Políticas, ex egresado y ex funcionario de la UCR, actualmente presidente de la República don Carlos Alvarado Quesada, "extendimos la mano y se tomaron el codo" el hecho público y notorio de que en Costa Rica los funcionarios del gobierno de Maduro laven dinero desde hace años a través de la Empresa venezolana de aluminios nacionales Alunasa, y/o adquisición de propiedades por Padrino López, alto jefe militar de Maduro, que denunció la semana pasada el Senador estadounidense Marco Rubio.

Por eso, y todos los hechos de corrupción que son denunciados a diario en toda la prensa, radio y televisión los habitantes de Costa Rica nos preguntamos: ¿Y ahora quien podrá defendernos? La transparencia de la UCR-DHR ha quedado en entredicho. Para los periodistas que de verdad deseen cumplir con sus deberes, acompaña a este artículo varios anexos con pruebas contundentes, los cuales quedaran a disposición de quien los solicite.

En Costa Rica el Ministerio Público no da trato especial a la Iglesia, como queda constancia en los allanamientos de la Curia en 2019, pero si da trato especial a la Universidad de Costa Rica, desde el 2017 debían allanar el Campus Rodrigo Facio para buscar evidencia sobre un proceso viciado en el PPHIST-SEP en los celulares de dos profesoras y docentes, que llevaron un proceso disciplinario contra un estudiante doctoral, ahora estamos en 2019 y no lo han hecho.

Por alguna buena razón la prensa y ahora las redes sociales son el cuarto poder y los habitantes, el poder ciudadano. @vilagutr.

Autor, estudiante doctoral expulsado por PPHIST-SEP-UCR sin el debido proceso,

no ha podido matricular en 2017, 2018 ni en 2019, por la Red de Corrupción de la UCR.

MBA Rafael A. Vilagut Vega, rafael.vilagut@ucr.ac.cr, San José de Costa Rica jueves 7 de marzo de 2019.  Actualizado 8 de marzo de 2019.