Las desigualdades mundiales van en constante aumento: millones de personas continúan sometidos a desahucios forzados, a un acceso inadecuado a la educación y a los tratamientos sanitarios básicos y a terribles condiciones de trabajo. Es el incentivo a la esclavitud, muy bien explicado por Ricardo Hausmann, en Project Syndicate. En este episodio de Feliz y Saludable haremos un recuento de lo que ha sido la xenofobia en Costa Rica en los últimos doce años.
En febrero de este año Ana Marcela Montanaro día 9, y la ex Defensora de los Habitantes de la República Montserrat Solano Carboni, quien renunció el 16 del mismo mes, ambas costarricenses dieron fuertes declaraciones sobre la violencia, la xenofobia, la intolerancia, que a mas de uno le parecieron exageradas, resulta que no estaban tan equivocadas.
Nica muere en Costa Rica!
La denuncia P-1143-17 contra Costa Rica ante la CIDH por rafael.vilagut@ucr.ac.cr
La atroz muerte de Natividad Canda Mairena en noviembre 2005 por dos perros rottweiler en un taller de Cartago ante varios policías, no reflejaba en ese momento la condición de todos los migrantes nicaragüenses y de otras nacionalidades en Costa Rica, pero puede que la situación en el 2018 sea muy diferente.
El Caso Interestatal 01/06, Nicaragua contra Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, puso en evidencia hace doce años los síntomas de xenofobia que padecen ciertos sectores de la población y que, amparados en la libre expresión, desatan burlas y comentarios xenófobos en redes sociales y en las calles, sin que exista responsabilidad alguna contra la discriminación.
“¡Fuera nicas!” Lo volvimos a vivir este 2018, con el ataque a nicaragüenses en redes sociales y en la calle. Esas muestras de xenofobia alcanzaron su punto culminante en una marcha celebrada el 18 de agosto en el centro de San José. Espoleados por el malestar derivado del deterioro de las condiciones de vida y los servicios públicos, así como por una inseguridad al alza, cientos de costarricenses participaron en una manifestación xenófoba contra inmigrantes nicaragüenses convocada por las redes sociales, en la que se registraron ataques a los extranjeros. La policía practicó 44 detenciones y el decomiso de armas blancas y bombas caseras.
La turba se dirigió al parque La Merced, donde al grito de “fuera, nicas” y “asaltantes” la emprendieron contra nicaragüenses. Entre los detenidos hubo algunos con antecedentes penales y miembros de grupos radicales. La inédita y violenta manifestación ha vuelto a disparar las alarmas en Costa Rica, un país que históricamente ha dado asistencia a personas que huyen de sus países.
El caso de los estudiantes venezolanos y españoles de la Universidad de Costa Rica 2015-2018, es más complejo para correcto entendimiento. Por mandato constitucional, en el artículo 7 de la Constitución Política se confiere a los tratados internacionales jerarquía superior a las leyes, y, es más, la Sala Constitucional ha señalado que aquellos tratados internacionales que amplíen la protección en materia de derechos humanos tienen en el país jerarquía igual (o superior) a la propia Constitución Política.
La Ley 3740 conocida como Convenio Cultural entre la República de Venezuela y Costa Rica, vigente y ratificado desde 1966 por ambas Asambleas Legislativas, les confiere mayores derechos a los estudiantes venezolanos que la propia Constitución Política, y ha sido desaplicada unilateralmente desde 2015 por la Universidad de Costa Rica sin consecuencia para las autoridades universitarias, el Rector y sus asesores jurídicos, pero con gran daño para la comunidad de venezolanos y sus familias en Costa Rica.
Al no poder matricularse los estudiantes venezolanos en 2016 y 2017, quedaron automáticamente en estatus de ilegales. Para la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH, resulta inaceptable que la ley sobre la política migratoria costarricense supedite cuestiones esenciales como el respeto a los derechos humanos y, las garantías constitucionales, a una situación de carácter administrativo como lo es la mal llamada “legalidad” o “ilegalidad” de una persona extranjera. Esto entra en total contradicción con el derecho internacional y regional de los derechos humanos que obliga los Estados a respetar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en su territorio sin discriminación alguna (artículo 1°, Convención Americana de los Derechos Humanos).
Dejar la discriminación en la impunidad, sea en el caso de trabajadores nicaragüenses o de estudiantes venezolanos en la UCR o de cualquier otro extranjero, solo puede traer consecuencias fatales para un Estado que dice construir su identidad en la paz y la ratificación de tratados internacionales sobre derechos humanos.
En 2006 la CIDH desestimó la denuncia interpuesta por el Gobierno de Nicaragua, este 2018, los venezolanos estamos atentos a que la denuncia contra el Gobierno de Costa Rica prospere dada la gran cantidad de pruebas, y es que el expediente tiene más de 4.000 planas.
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